La FGR y la Secretaría de Hacienda detectaron operaciones de presunto lavado de dinero por más de 9 mil 600 millones de pesos mediante empresas señaladas como factureras. El caso ya fue judicializado y podría derivar en imputaciones penales.
CDMX — Una estructura empresarial señalada por mover casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años colocó nuevamente bajo presión los mecanismos de supervisión financiera y fiscal en México. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda documentaron operaciones millonarias atribuidas a una red de compañías presuntamente utilizadas para triangular recursos mediante esquemas de simulación fiscal y lavado de dinero.
La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada identificó como eje de las operaciones a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, algunas ya clasificadas por el Servicio de Administración Tributaria como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas. Según la indagatoria, entre enero de 2016 y abril de 2018, además de otro periodo entre julio y octubre de 2019, las compañías registraron 17 mil 566 depósitos por un monto de 9 mil 631.8 millones de pesos.
En paralelo, realizaron 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos mediante movimientos dispersados hacia cientos de personas físicas y morales, varias también incluidas en las listas negras del SAT. El volumen y velocidad de las operaciones llevaron a la Femdo a solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar si las empresas contaban con permisos para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero.
La respuesta oficial fue contundente. La autoridad financiera informó que no existía registro, autorización ni antecedente alguno de las compañías como entidades financieras reguladas. La investigación también estableció que las sociedades fueron constituidas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y el Estado de México, y detectó vínculos comunes entre sus integrantes, particularmente el nombre de Vicente Estrada Viveros, identificado como accionista o apoderado en varias de las razones sociales.
Fuentes federales confirmaron que la FGR ya presentó el caso ante un juez y se encuentra en espera de audiencia para imputar a seis personas por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por el monto investigado, el expediente ya figura entre los mayores casos de lavado de activos judicializados en México durante la última década, sólo detrás del proceso contra Juan Carlos Minero Alonso, ligado a Black Wallstreet Capital, y del expediente contra Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto operador financiero del cártel de Sinaloa.
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