Decenas de ciudadanos y comerciantes denunciaron que la Fiscalía General de la República retuvo vehículos y puestos de comida durante un cateo en un inmueble de la calle Hidalgo. Los afectados deberán acudir hasta Zacatlán para iniciar trámites y recuperar sus pertenencias.
HUAUCHINANGO, PUEBLA. — Conductores particulares y comerciantes locales enfrentan un proceso que califican como injusto luego de que autoridades federales aseguraran vehículos y herramientas de trabajo durante un operativo realizado en un inmueble utilizado como pensión vehicular en la calle Hidalgo. Los afectados aseguran que sus pertenencias quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) pese a no tener relación con las actividades investigadas.
El cateo fue ejecutado por fuerzas federales, estatales y municipales, quienes ingresaron al predio ante sospechas de presuntas actividades relacionadas con el robo de vehículos. Sin embargo, dentro del inmueble también permanecían decenas de automóviles particulares y carritos de venta de hamburguesas, alitas y otros alimentos pertenecientes a comerciantes que utilizaban el lugar como espacio de resguardo desde hace varios años.
Los propietarios explicaron que decidieron guardar sus bienes en la pensión debido al aumento de robos y hechos delictivos registrados recientemente en la zona. Según denunciaron, la inseguridad se ha intensificado mientras la respuesta de las autoridades resulta insuficiente para contener los delitos patrimoniales que ocurren incluso a plena luz del día.
Tras el despliegue policiaco, los dueños de vehículos y negocios acudieron al lugar con la expectativa de recuperar sus pertenencias una vez concluidas las diligencias ministeriales. No obstante, horas después fueron informados de que los bienes permanecerían asegurados y que tendrían que acudir ante el Ministerio Público Federal en Zacatlán para iniciar los procedimientos legales correspondientes.
La decisión provocó inconformidad entre los afectados, quienes cuestionan los costos económicos y administrativos que deberán enfrentar para recuperar herramientas de trabajo y vehículos que no están vinculados con la investigación. “Nuestra única falta fue buscar un lugar seguro para proteger nuestras cosas”, reclamaron algunos propietarios durante la espera afuera del inmueble cateado.
Mientras continúan las diligencias federales, comerciantes y ciudadanos permanecen sin acceso a sus vehículos y medios de sustento, situación que ha generado preocupación entre familias que dependen diariamente de esos bienes para trabajar y trasladarse.
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