El comandante de la IX Zona Militar, general Santos Delgado Soto, acusó a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, de ser "parte del Cártel de Sinaloa" y le dijo "sirvengüenza" durante una discusión por la entrega del general Gerardo Mérida Sánchez a Estados Unidos. Bonilla llamó llorando a la presidenta Claudia Sheinbaum para quejarse del "mal trato". El general habría solicitado su cambio.
El conflicto entre el gobierno civil de Sinaloa y el mando militar estalló. El comandante de la IX Zona Militar en Culiacán, general Santos Delgado Soto, tuvo un enfrentamiento directo con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde —designada por Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez— luego de que ella culpara a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por la entrega del general Gerardo Mérida Sánchez a las autoridades estadounidenses. Según la información obtenida por el expediente NARCUS, el general Delgado Soto le espetó a Bonilla: "Usted es una sirvengüenza" y "usted es parte del Cártel de Sinaloa". La gobernadora interina, visiblemente afectada, llamó llorando a la presidenta Claudia Sheinbaum para quejarse del "mal trato".
El trasfondo del conflicto es la entrega voluntaria del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, quien ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo y ya está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Bonilla, como gobernadora interina, habría responsabilizado a la SEDENA por la caída de un alto mando militar que operó en su administración. La respuesta del general Delgado Soto fue directa: no solo rechazó la acusación, sino que le imputó a Bonilla un vínculo directo con el Cártel de Sinaloa. Es la primera vez que un general en activo acusa públicamente —en un intercambio documentado— a una gobernadora morenista de ser "parte del cártel".
— Esta columna es parte del expediente NARCUS. —
La acusación del general Delgado Soto no es un comentario menor. "Usted es parte del Cártel de Sinaloa" implica que Bonilla no es una víctima de la crisis ni una funcionaria interina temporal, sino un actor activo en la estructura criminal que el Distrito Sur de Nueva York documentó en su indictment de 34 páginas. Bonilla fue nombrada secretaria general de Gobierno por Rubén Rocha Moya, quien está acusado de recibir sobornos de Los Chapitos. Fue designada gobernadora interina por un Congreso dominado por Morena. Y ahora, un general de la IX Zona Militar le dice en la cara que pertenece al Cártel. El mando militar, que tiene acceso a información de inteligencia, está señalando lo que el expediente NARCUS ha documentado: la captura criminal del gobierno de Sinaloa.
La reacción de Bonilla —llorar y llamar directamente a la presidenta Sheinbaum— revela la fragilidad de su posición. No acudió a la SEDENA. No presentó una queja formal ante la Fiscalía General de la República. No convocó a una conferencia de prensa para desmentir al general. Llamó a la presidenta para quejarse del "mal trato". La respuesta de Sheinbaum a esa llamada aún no es pública. Pero el hecho de que Bonilla recurriera a la vía presidencial directa —sin pasar por la cadena de mando militar— sugiere que la gobernadora interina no confía en las instituciones militares ni en los canales formales de comunicación. Prefiere la protección de quien la designó indirectamente.
El expediente NARCUS ha documentado que la presidenta Sheinbaum ha protegido a Rubén Rocha Moya (seguridad adicional, negativa a la detención) y que su gobierno no ha citado a comparecer a ninguno de los diez acusados. También ha registrado que la UIF congeló las cuentas de Bonilla —como parte del Acuerdo 156/2026— pero que la FGR no ha iniciado procesos penales en su contra. Ahora, el conflicto entre Bonilla y el general Delgado Soto expone una fractura insalvable entre el gobierno civil de Sinaloa y la autoridad militar. El general solicitó su cambio. Prefiere irse de Sinaloa antes que seguir bajo un gobierno al que acusa de coludido con el Cártel. La pregunta es si la SEDENA aceptará su solicitud o si, por el contrario, lo removerá por insubordinación.
El intercambio entre el general y la gobernadora interina es un espejo de la crisis institucional que el expediente NARCUS ha seguido desde el 29 de abril. El gobierno federal protege a los acusados; los militares en el terreno acusan a los gobernantes de ser parte del crimen organizado; la presidenta recibe llamadas de gobernantes que lloran por "mal trato" mientras la justicia estadounidense acumula pruebas y órdenes de extradición. El general Delgado Soto dijo lo que muchos en las Fuerzas Armadas piensan en privado: que en Sinaloa, los cárteles mandan. La diferencia es que él lo dijo en la cara de la gobernadora. Y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Asuntos de Estado seguirá documentando si esas consecuencias son un castigo por decir la verdad o un reconocimiento de que la verdad incomoda al poder.
Fuente: Información sobre conflicto entre general Santos Delgado Soto y gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde (17 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Entrega voluntaria del general Gerardo Mérida Sánchez (11 de mayo de 2026). Acuerdo UIF 156/2026. Expediente NARCUS, reportajes 1-48.
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