El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró desde Culiacán que el gobierno federal "no tenía ningún indicio" contra Rubén Rocha Moya antes de la acusación de Estados Unidos. Afirmó que nunca hubo obstrucción por parte del gobernador y que la seguridad adicional que recibe no fue solicitada por él, sino "recomendada" por la propia SSPC, aunque no hay amenazas identificadas.

CDMX — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajó a Culiacán para encabezar una reunión del Gabinete de Seguridad en la Novena Zona Militar. Acompañado por los secretarios de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales, y por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, Harfuch lanzó una declaración que contrasta con las pruebas documentales de la corte de Nueva York: "Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio" sobre la presunta corrupción de Rubén Rocha Moya.

Harfuch afirmó que "nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado". Sin embargo, el indictment del Distrito Sur de Nueva York documenta que Rocha Moya entregó el control de la Policía Estatal de Sinaloa a Los Chapitos, que el secretario de Seguridad estatal (Gerardo Mérida Sánchez) filtraba información sobre redadas a laboratorios de fentanilo, y que el alcalde de Culiacán (Juan de Dios Gámez Mendívil) permitía al Cártel operar sin interferencia. La obstrucción no es solo no dejar pasar a la policía federal. Es tener una policía estatal que trabaja para el Cártel.

El secretario también aclaró que la seguridad adicional que recibe Rocha Moya no fue solicitada por el gobernador con licencia. "En este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad", explicó. La justificación: "Al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta". La contradicción es evidente: si no hay indicios ni amenazas, ¿por qué recomendar seguridad? ¿Y por qué un exfuncionario acusado de narcotráfico recibe protección federal que no pidió?

Harfuch fue explícito: "No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza". Entonces, la "recomendación" de seguridad no se basa en un riesgo específico, sino en una evaluación general de la violencia en Sinaloa. Pero esa misma violencia afecta a todos los ciudadanos del estado, no solo al exgobernador. La diferencia es que los ciudadanos comunes no tienen acceso a escoltas de la SSPC. Rocha Moya, acusado por EE.UU. de narcotráfico, sí.

El contraste entre la declaración de Harfuch y las pruebas del expediente es abismal. El gobierno federal dice que "no tenía indicios". La DEA tenía indicios suficientes para presentar una acusación de 34 páginas. ¿Es posible que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo tuviera información que el gobierno mexicano, con todas sus capacidades, no tuviera? ¿O es que los "indicios" estaban ahí, pero no se querían ver? Harfuch no respondió a esa pregunta.

El secretario dijo que el Gabinete de Seguridad evalúa riesgos "constantemente". Pero, según su propia declaración, esa evaluación nunca detectó que el gobernador de Sinaloa estaba recibiendo sobornos del Cártel, que su secretario de Seguridad filtraba información a los narcotraficantes, que su alcalde protegía operaciones criminales. O la inteligencia federal es incompetente, o fue selectivamente ciega. Ninguna de las dos opciones es tranquilizadora.

Mientras Harfuch hablaba en Culiacán, los secretarios de Defensa y Marina informaban sobre detenciones, decomisos y el despliegue de fuerzas en el estado. La presidenta Sheinbaum ha instruido que el Ejército y la Marina permanezcan en Sinaloa y, si es necesario, incrementen efectivos. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla, designada por los acusados, calificó su presencia en la reunión como "una distinción personal". El narcoestado, entretanto, sigue operando. Y el gobierno federal, según su secretario de Seguridad, no veía nada.

Fuente: Declaraciones de Omar García Harfuch en conferencia de prensa desde la Novena Zona Militar, Culiacán, Sinaloa (4 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Expediente NARCOESTADO, reportajes 1-21.
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