El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya "se encuentra en su entidad" y que su escolta "corre a cargo del estado", no del gobierno federal. La declaración contradice sus propias palabras del 4 de mayo, cuando afirmó que la seguridad de Rocha había sido "recomendada" y asignada por la SSPC. El gobierno federal se deslinda de la protección al acusado de narcotráfico.
CDMX — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, modificó la versión oficial sobre la seguridad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En conferencia de prensa este 20 de mayo, el funcionario declaró: "La escolta corre a cargo del estado" y "no tiene escolta por parte del gobierno federal". También confirmó que Rocha Moya "se encuentra en su entidad" (Sinaloa), respondiendo a la pregunta que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había evadido dos días antes con un "¿Yo por qué?". El cambio de discurso es radical. Y no fue explicado.
La nueva versión contradice abiertamente lo dicho por el propio Harfuch el 4 de mayo —hace apenas 16 días— cuando declaró que la seguridad de Rocha Moya "no fue una solicitud, sino se recomendó" y que la SSPC había decidido otorgarle un cuerpo de seguridad. En esa misma ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha Moya tenía "seguridad adicional" asignada por el Gabinete de Seguridad. Ahora, Harfuch dice que el gobierno federal no participa en su protección. ¿Mintió antes? ¿Miente ahora? ¿O la seguridad federal fue retirada en algún momento sin informar a la opinión pública?
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
Harfuch también hizo una admisión implícita: "Hay personas involucradas con el crimen organizado, algunos servidores públicos, por supuesto". Es la primera vez que un alto funcionario del gobierno federal reconoce públicamente que hay servidores públicos involucrados con el crimen organizado. Aunque no dio nombres, el contexto —el caso Sinaloa, la acusación del Distrito Sur de Nueva York— hace inevitable la referencia a los diez funcionarios acusados, incluyendo a Rocha Moya. La admisión es grave, pero el deslinde es aún más llamativo: el gobierno federal reconoce que hay corruptos, pero dice que no los protege.
El cambio de versión plantea preguntas inmediatas. ¿Por qué Harfuch modificó su declaración sobre la seguridad de Rocha Moya? ¿Fue una instrucción presidencial para distanciar al gobierno federal de un acusado que se ha vuelto políticamente tóxico? ¿La seguridad federal fue retirada porque ya no es sostenible proteger a un gobernador acusado de narcotráfico cuando dos de sus exsecretarios ya se entregaron a EE.UU.? El gobierno no ha explicado las razones del cambio. Tampoco ha informado si Rocha Moya fue notificado de la suspensión de la protección federal.
El expediente NARCUS ha documentado que la presidenta Sheinbaum asignó seguridad adicional a Rocha Moya el 4 de mayo, que la secretaria de Gobernación evadió responder sobre su paradero el 18 de mayo, y que ahora Harfuch confirma que Rocha está en Sinaloa pero que el gobierno federal no lo protege. La comunicación del gobierno mexicano sobre este caso es errática y contradictoria. La ciudadanía no sabe si Rocha Moya tiene seguridad federal o no, si está en Sinaloa o no, si el gobierno lo protege o lo abandona.
El deslinde federal tiene implicaciones prácticas. Si Rocha Moya no tiene seguridad federal, su protección recae exclusivamente en el gobierno de Sinaloa —es decir, en la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, quien fue designada por Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, ambos acusados. El gobierno federal está dejando que un estado morenista proteja —con sus propios recursos— a un gobernador acusado de narcotráfico. No es un deslinde absoluto. Es una delegación a una administración estatal que también está bajo investigación.
Harfuch intentó compensar el cambio de versión con cifras: 2,300 laboratorios desmantelados, reducción de homicidios, detenciones relevantes. Pero el tema central —la protección a Rocha Moya— quedó sin explicación. La contradicción entre lo dicho el 4 de mayo y lo dicho el 20 de mayo no fue resuelta. El gobierno federal no aclaró si la seguridad fue retirada, si nunca existió, o si existe pero ahora la niega por conveniencia política. La pregunta que queda en el aire es simple: ¿quién protege a Rubén Rocha Moya? Según Harfuch, ya no el gobierno federal. Según su propia versión anterior, sí.
Fuente: Declaraciones de Omar García Harfuch en conferencia de prensa (20 de mayo de 2026). Declaraciones previas del mismo funcionario (4 de mayo de 2026). Declaración de Claudia Sheinbaum (4 de mayo de 2026). Declaraciones de Rosa Icela Rodríguez (18 de mayo de 2026). Expediente NARCUS, reportajes 20-22, 55, 56. ```
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