El senador Enrique Inzunza Cázarez, único de los diez acusados por narcotráfico que —con fuero— no ha pedido licencia, declaró en redes sociales que no tiene "contacto alguno con autoridades extranjeras", que no contratará abogados porque "soy abogado de mí mismo" y que está en Sinaloa. Calificó las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York como "mendaces" y dijo que sólo atenderá requerimientos de autoridades mexicanas.
CDMX — El senador Enrique Inzunza Cázarez rompió el silencio. En una publicación en su cuenta de X este domingo 17 de mayo, el único de los diez acusados por el Distrito Sur de Nueva York que se ha negado a pedir licencia —y que, según reveló el expediente NARCUS, tiene a su esposa y hermanos en el Poder Judicial de Sinaloa— salió a defender su inocencia con un tono desafiante: "Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento". El senador morenista no solo niega los cargos: niega la necesidad de defenderse ante la justicia estadounidense.
La declaración de Inzunza es una pieza estratégica de autodefensa política, no legal. "Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad", escribió. La afirmación es llamativa porque el indictment del 29 de abril —que incluye su nombre, su cargo como senador y su papel como exsecretario general de Sinaloa— está sustentado en 34 páginas de pruebas documentales, incluyendo listas de sobornos incautadas, testimonios de informantes y la declaración de cooperantes. Inzunza no refuta ninguna de esas pruebas. Las califica de "mendaces" sin argumentos.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El senador aprovechó la publicación para responder a las especulaciones periodísticas de los últimos días. El sábado 16 de mayo, comenzó a circular la versión no confirmada de que Inzunza habría sido capturado en San Diego, California, y que sería el tercer funcionario sinaloense en caer en manos de autoridades estadounidenses en menos de una semana, después de las entregas voluntarias de Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad) y Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas). Inzunza desmintió esa versión: "Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta". Pero no ofreció pruebas de su paradero. Su publicación en X no es una comparecencia ante un juez. No es una declaración bajo protesta. Es un mensaje en redes sociales, diseñado para consumo político interno.
El senador también delineó los límites de su cooperación con la justicia. "Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales", escribió. No menciona a las autoridades estadounidenses. No reconoce la solicitud de extradición. No reconoce la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York. Su defensa se ancla exclusivamente en la soberanía mexicana, la misma que la presidenta Claudia Sheinbaum ha invocado para proteger a Rubén Rocha Moya (seguridad adicional, negativa a la detención). Inzunza está alineado con la estrategia presidencial. El problema es que esa estrategia no ha funcionado para Mérida Sánchez ni para Díaz Vega, que ya están en custodia de EE.UU.
El expediente NARCUS ha documentado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Inzunza el 6 de mayo, como parte del Acuerdo 156/2026. El senador no mencionó esa medida en su publicación. Tampoco explicó por qué, si es inocente, su patrimonio está sujeto a bloqueo por "indicios de operaciones ilícitas". La contradicción entre su discurso de "probidad" y la acción de la UIF es evidente, pero Inzunza no la aborda. Su estrategia es política, no judicial. No está preparando su defensa ante una corte. Está fortaleciendo su base política en Sinaloa.
El contraste con los otros acusados es revelador. Mientras Rocha Moya tiene licencia y seguridad adicional; mientras Gámez Mendívil y Castro Saavedra pidieron licencia; mientras Mérida Sánchez y Díaz Vega se entregaron voluntariamente a EE.UU.; Inzunza se atrinchera en Sinaloa, dice que no contratará abogados y afirma que la justicia estadounidense no tiene jurisdicción sobre él. Es una apuesta de alto riesgo. Si la Fiscalía General de la República (FGR) decide no actuar, Inzunza podría mantener su fuero y seguir en el Senado. Si EE.UU. presiona lo suficiente —y la directiva del subprocurador Aakash Singh de triplicar acusaciones e incluir terrorismo sugiere que así será—, Inzunza podría enfrentar una extradición forzada o una captura fuera de México. Su declaración de "soy abogado de mí mismo" podría ser insuficiente ante un juez federal en Brooklyn.
El senador cerró su publicación con una frase que resume su estrategia: "Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad". Inzunza apela a su historial, no a las pruebas. Pero el indictment no se basa en su historial. Se basa en listas de sobornos, testimonios de informantes y una estructura de corrupción documentada. La honestidad no es una defensa ante una corte federal. Las pruebas sí. Y las pruebas, según el expediente NARCUS, están en contra del senador. Su publicación en X puede convencer a sus seguidores, pero no detendrá una orden de extradición. El tiempo dirá si la estrategia de Inzunza —atrincheramiento, negación, autodefensa— funciona, o si terminará como Mérida Sánchez y Díaz Vega: en una celda en Estados Unidos.
Fuente: Publicación de Enrique Inzunza Cázarez en X (17 de mayo de 2026, 8:46 a.m.). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Especulaciones periodísticas sobre captura en San Diego (16-17 de mayo de 2026). Entregas voluntarias de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega (11-15 de mayo de 2026). Acuerdo UIF 156/2026 (6 de mayo de 2026). Expediente NARCUS, reportajes 1-47.
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