La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), fue citada a una audiencia en calidad de imputada por una denuncia del senador de Morena, Javier Corral, quien la acusa de supuesto secuestro. Campos denunció que "todo el aparato del poder" se ha levantado contra ella y reveló que, en el pasado, altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México impidieron una orden de aprehensión contra Corral por peculado. La escalada contra la gobernadora panista es evidente: testigo, juicio político y ahora imputada.
CHIHUAHUA. — La situación de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), se agravó dramáticamente. En un video difundido en sus redes sociales, la mandataria panista informó que recibió, en la madrugada, un citatorio para una audiencia en la Ciudad de México en calidad de imputada. El denunciante es el senador de Morena, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, quien la acusa de supuesto secuestro. Campos enfrenta ahora tres frentes simultáneos: la FGR (caso CIA, como testigo), la Cámara de Diputados (juicio político promovido por Morena), y un proceso penal como imputada por una denuncia del senador morenista Javier Corral. "En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder", reiteró la gobernadora.
En su declaración, Campos vinculó el nuevo caso con un antecedente que involucra al propio Corral y al gobierno de la Ciudad de México. "Esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra; y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo", afirmó. La referencia es directa: cuando Corral era gobernador de Chihuahua (por el PAN), enfrentó una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos. Según Campos, "altos funcionarios" del gobierno de la CDMX —encabezado entonces por Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México— intervinieron para impedir su ejecución. La acusación es grave: sugiere que el mismo aparato que hoy persigue a Campos antes protegió a su denunciante.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El cambio de estatus de Campos —de testigo a imputada— es una escalada cualitativa. Ya no solo debe declarar; ahora es señalada como responsable de un delito grave. La denuncia de Javier Corral por "supuesto secuestro" no es una falta administrativa; es un delito penal que, de ser acreditado, podría llevar a un proceso penal en su contra. El fuero constitucional de la gobernadora la protege de ser detenida sin desafuero previo, pero no la blinda de la investigación ni de una eventual solicitud de desafuero ante el Congreso de Chihuahua. La ofensiva contra Campos se ha intensificado en todos los frentes.
El contraste con el caso Sinaloa es más evidente que nunca. Mientras Maru Campos —gobernadora de oposición— es imputada, citada a audiencias, enfrenta un juicio político y es señalada por el senador morenista Javier Corral, los acusados morenistas de Sinaloa (Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, et al.) han comparecido ante la FGR en calidad de investigados, pero ninguno ha sido imputado formalmente ni enfrenta juicio político. Rocha Moya, acusado por el Distrito Sur de Nueva York de conspirar con Los Chapitos para traficar drogas a EE.UU., sigue en libertad, con seguridad adicional (federal según Sheinbaum, estatal según Harfuch). La diferencia de trato entre una gobernadora panista y los funcionarios morenistas acusados de narcotráfico es la muestra más clara del doble estándar que el expediente NARCUS ha documentado durante 73 reportajes.
"Ciudadanos Unidos por el Rescate de México" convocó a concentraciones este miércoles en las oficinas de la FGR en Ciudad Juárez y Chihuahua capital. La movilización del sábado próximo, bajo el lema "Yo con Maru", adquiere ahora mayor relevancia. La sociedad civil no solo respalda a una gobernadora citada como testigo; ahora la respalda frente a una imputación penal promovida por un senador morenista. La polarización política en Chihuahua y en el país se profundiza.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha comentado sobre la nueva situación de Campos. Tampoco la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien evadió con un "¿Yo por qué?" la pregunta sobre el paradero de Rocha Moya. El silencio oficial contrasta con la actividad frenética del aparato de poder contra la gobernadora panista. La FGR, la Cámara de Diputados y ahora la fiscalía que atiende la denuncia de Javier Corral están actuando. Campos, mientras tanto, se prepara para comparecer mañana como testigo en el caso CIA, y ya tiene una nueva cita como imputada. Su defensa no solo es jurídica; es política. Y la ciudadanía, al menos en Chihuahua, parece dispuesta a respaldarla.
Fuente: Declaraciones de Maru Campos en redes sociales (26 de mayo de 2026). Denuncia del senador Javier Corral (Morena) contra Campos por supuesto secuestro. Citatorio a Campos como imputada. Antecedente de orden de aprehensión contra Corral por peculado, presuntamente impedida por funcionarios del gobierno de la CDMX. Expediente NARCUS, reportajes 1-72.


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