La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), objetó ante la FGR la legalidad del citatorio para declarar como testigo por el caso de los agentes de la CIA. Argumentó que el citatorio es "ambiguo" y "carente de fundamentación", e invocó el fuero constitucional que exceptúa a los gobernadores de la obligación de comparecer. No rindió testimonio, pero dejó constancia de su disposición a colaborar sin "sometimiento".
CDMX — La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), llegó a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México acompañada de la cúpula del PAN: Jorge Romero, Ricardo Anaya y Roberto Gil. Pero no vino a declarar. En un escrito presentado ante la Fiscalía, Campos objetó la legalidad del citatorio que la requería como testigo en el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo en la Sierra Tarahumara. "No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno", declaró. El citatorio, añadió, es "ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación".
Campos invocó su fuero constitucional como gobernadora. El artículo 111 de la Constitución y el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales exceptúan a los gobernadores de la obligación de comparecer ante el Ministerio Público. "Dejo asentado en este acto que esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial", escribió. Añadió que su presencia no implica "sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida". Campos no rindió testimonio. Se limitó a entregar un escrito y a dejar constancia de su objeción. La gobernadora panista mostró disposición a colaborar, pero bajo sus términos y sin renunciar a su fuero.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La estrategia legal de Campos es distinta a la de los acusados morenistas de Sinaloa. Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros comparecieron y declararon sin objetar los citatorios. Campos, en cambio, utilizó su fuero para no declarar. La diferencia es relevante: los gobernadores de oposición aún tienen fuero; los gobernadores morenistas que pidieron licencia lo perdieron. Rocha Moya está con licencia, por lo que no pudo invocar el fuero. Inzunza, senador, tiene fuero federal, pero dijo que no se acogería a él. Campos sí lo invocó. Y con éxito, al menos por ahora.
El PAN respaldó la decisión de Campos. Jorge Romero declaró que la gobernadora "no está sola" y que el partido denuncia la "persecución política" de la 4T. La objeción legal es parte de una estrategia más amplia de confrontación política. Campos no evade a la autoridad —se presentó voluntariamente— pero no acepta las reglas del juego que la FGR intenta imponer. Al cuestionar la legalidad del citatorio, obliga a la Fiscalía a revisar su procedimiento y, potencialmente, a rectificar. Si la FGR acepta la objeción, el caso contra Campos podría debilitarse. Si la rechaza, el conflicto escalará.
La FGR no ha actuado con la misma precisión legal en otros casos. En Sinaloa, los citatorios a los 10 acusados no fueron objetados. En Chihuahua, una gobernadora con fuero sí lo hizo. La pregunta es si la FGR emitirá un nuevo citatorio con la debida fundamentación, o si el caso quedará en punto muerto. También si otros gobernadores de oposición seguirán el ejemplo de Campos. La estrategia de objetar citatorios podría convertirse en un nuevo frente de batalla legal entre la Federación y los estados.
La gobernadora de Chihuahua dejó clara su postura: colaborará, pero no bajo el "sometimiento". "Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida", escribió. La FGR tendrá que decidir si acepta los términos de Campos o si insiste en su postura original. Mientras tanto, la gobernadora panista se retiró de la Fiscalía sin declarar, acompañada por la cúpula de su partido, en una imagen que será recordada en la memoria política de México.
Fuente: Declaraciones de Maru Campos y escrito presentado ante la FGR (27 de mayo de 2026). Artículo 111 constitucional. Artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Comparecencias de los acusados de Sinaloa (reportajes 68, 69, 70). Expediente NARCUS, reportajes 1-76.
0 Comentarios