El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, habría pactado su entrega voluntaria a Estados Unidos para ser "testigo colaborador". Según el columnista Salvador García Soto en El Universal, Mérida ingresó a Arizona con una caja que contenía videos, memorias USB y documentos con información clasificada: pruebas sobre la orden de AMLO para liberar a Ovidio Guzmán en 2019 y sobre financiamiento ilícito a campañas de Morena en 2018 y 2024.
CDMX — El general Gerardo Mérida Sánchez no cruzó la frontera con las manos vacías. Según reveló el columnista Salvador García Soto en El Universal el lunes 18 de mayo, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa habría pactado su entrega voluntaria a las autoridades de Estados Unidos en busca de ser "testigo colaborador". Pero además, presuntamente llevó consigo una caja con videos, memorias USB y documentos altamente clasificados que pondrían en jaque a la Cuarta Transformación (4T) y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No se entregó como un acusado común. Se entregó como un testigo con información para negociar.
Las revelaciones que Mérida Sánchez habría aportado al Departamento de Justicia de Estados Unidos se centran en dos temas de altísima sensibilidad política. El primero es el "Culiacanazo" de 2019. Según las fuentes citadas por García Soto, el exfuncionario posee evidencias sobre la orden directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que obligó al Ejército mexicano a liberar a Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", tras haber sido capturado en Culiacán. El segundo tema es el financiamiento ilícito: Mérida Sánchez aportaría documentos que acreditarían un supuesto financiamiento irregular a las campañas de Morena en los procesos electorales de 2018 y 2024. Si estas pruebas existen y son aceptadas por la fiscalía, el impacto político en México sería sísmico.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La entrega de Mérida Sánchez —y la de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa— no fue improvisada. Según la información, ambos excolaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya pactaron su entrega tras negociaciones con agentes de la embajada estadounidense en México desde abril de 2026, justo después de que la administración de Claudia Sheinbaum recibiera las solicitudes de extradición formuladas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Mérida, por su antiguo cargo, tenía acceso a acuerdos de seguridad sensibles. Díaz Vega controlaba el manejo financiero del estado. Juntos, pueden poner al descubierto el entramado de protección al Cártel y de financiamiento político irregular.
El columnista García Soto también plantea una tesis de fondo: la ofensiva del Departamento de Justicia, respaldada por la DEA y la CIA, representa el cobro de "viejas afrentas institucionales" por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. La primera sería la presunta inacción judicial en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue devuelto a México bajo la promesa de ser juzgado en territorio nacional y terminó exonerado. La segunda sería la propia liberación de Ovidio Guzmán en 2019, que afectó una orden de detención con fines de extradición emitida bajo el primer mandato de Donald Trump. Washington no ha olvidado. Y ahora está cobrando.
La paradoja jurídica es inevitable. El bloque oficialista aplaudió y validó el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal durante el gobierno de Felipe Calderón. En aquel momento, Morena celebró que la justicia estadounidense utilizara testigos colaboradores, jueces imparciales y un proceso transparente para condenar a un funcionario del PAN. Ahora, el mismo formato —testigos colaboradores, jueces federales, fiscalías independientes— se utiliza contra políticos de Morena. Lo que antes era "justicia ejemplar" ahora es "injerencia extranjera". La inconsistencia es evidente.
El expediente NARCUS ha documentado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha protegido a Rubén Rocha Moya (seguridad adicional, negativa a la detención), que el senador Enrique Inzunza sigue en funciones sin licencia, y que la FGR no ha citado a comparecer a ninguno de los diez acusados. Mientras el gobierno civil protege, el Ejército —según versiones— entregó a Mérida para limpiar sus filas. Ahora resulta que Mérida no solo fue entregado, sino que llegó con pruebas contra AMLO y Morena. La fractura entre el poder militar y el poder civil, si se confirma, sería aún más profunda: el Ejército no solo habría entregado a un general corrupto, sino que habría facilitado que ese general se convirtiera en testigo estrella contra el expresidente y el partido en el poder.
Una cosa es clara: el cerco sobre la narcopolítica morenista se está cerrando, y los que antes protegían al Cártel ahora están hablando.
Fuente: Columna de Salvador García Soto, El Universal (18 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Reportajes previos del expediente NARCUS (entregas voluntarias, caso Cienfuegos, Culiacanazo). Declaraciones de Donald Trump y antecedentes del caso García Luna. Expediente NARCUS, reportajes 1-56.
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