Editorial
El cambio de régimen en México ya comenzó parcialmente. Entre 2021 y 2022, el Economist Intelligence Unit (EIU) reclasificó al país de “democracia imperfecta” a “régimen híbrido”, una categoría reservada en la ciencia política para sistemas que conservan mecanismos electorales, pero presentan deterioros significativos en el Estado de derecho, la autonomía institucional y las libertades públicas. La definición operativa del Modelo de Probabilidad de Cambio de Régimen (MCR), desarrollado por Mexconomy y HCS en mayo de 2026, parte precisamente de ese criterio: considera que existe cambio de régimen cuando el índice Liberal Democracy de V-Dem cae al menos diez puntos en cuatro años o cuando el EIU reduce la clasificación del país a una categoría inferior. Ese umbral ya fue cruzado. La pregunta ya no es si México atraviesa un proceso de degradación institucional, sino hacia dónde evolucionará desde esta zona gris.
La versión corregida del MCR —ajustada con coeficientes empíricos de Boese et al. (2022) y Maerz et al. (2020)— estima actualmente una probabilidad base de 0.04% para una segunda reclasificación hacia categorías más autoritarias en el corto plazo. El cálculo utiliza variables reales de 2025: crecimiento económico de 0.6%, inflación de 3.8%, índice de corrupción de 31 puntos, libertad de prensa de 47, confianza institucional de 31%, polarización política de 0.72 y clientelismo de 0.68. Sin embargo, bajo un escenario de crisis diplomática severa —con recesión, inflación elevada, colapso de la prensa independiente y polarización extrema— la probabilidad anual aumenta a 1.37%. Si además se incorpora una eventual captura política del INE, el riesgo sube a 2.07%. Aunque el porcentaje parezca reducido, una probabilidad anual cercana al 2% equivale a un riesgo acumulado de 10% a 11% en cinco años, nivel que la literatura sobre autocratización del V-Dem Institute considera una zona de alerta. El modelo no afirma que México inevitablemente caerá en una autocracia; lo que hace es medir qué tan rápido podría inclinarse el deterioro institucional bajo determinadas condiciones.
La evidencia cualitativa reunida en el expediente NARCUS —actualizado al 14 de mayo de 2026— apunta precisamente hacia esa dirección. El 29 de abril, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de conspirar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos. De acuerdo con el indictment, las listas incautadas detallan pagos mensuales de 200 mil dólares al vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, 300 mil dólares a dos exfuncionarios de seguridad y 100 mil dólares a un mando policiaco. El documento judicial también describe reuniones entre Rocha Moya y operadores armados del cártel, así como el asesinato de un informante de la DEA presuntamente ejecutado por policías municipales.
La reacción del gobierno mexicano evidenció fracturas institucionales profundas. Mientras la Fiscalía General de la República rechazó solicitar la detención de Rocha Moya argumentando “falta de urgencia”, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió reforzar la seguridad del mandatario sinaloense y descalificó las pruebas al calificarlas como “hojas de libreta”. La protección política de un gobernador acusado de vínculos con el narcotráfico no representa solamente una controversia judicial: revela el comportamiento de un régimen híbrido cuando opta por no aplicar la ley contra integrantes de su propia estructura de poder.
El tercer expediente —el desempoderamiento presidencial— completa el cuadro político. De acuerdo con el análisis acumulado por el sistema editorial, la primera señal ocurrió inmediatamente después de la victoria electoral de Sheinbaum, cuando Andrés Manuel López Obrador la convocó a Palacio Nacional y la entonces presidenta electa modificó su postura inicial de moderación respecto a la reforma judicial para alinearse con la línea dura impulsada por el expresidente. Durante 2025, sus intentos por imponer austeridad interna en Morena y abrir investigaciones contra figuras del “obradorato” fracasaron. Diversos liderazgos del partido exhibieron públicamente viajes y gastos de lujo como desafío abierto, mientras que la instrucción política dominante fue proteger al almirante Rafael Ojeda, señalado en el caso de huachicol fiscal.
Para 2026, el deterioro político se volvió más visible. En marzo, el PT y el Partido Verde bloquearon por tercera ocasión la reforma electoral impulsada por la presidenta. En abril, la decisión de respaldar a Rocha Moya detonó nuevas filtraciones provenientes de agencias estadounidenses. En mayo, un cambio de última hora en el calendario escolar provocó protestas de padres de familia, mientras la calificadora S&P colocó la deuda soberana mexicana en perspectiva negativa. Una presidenta incapaz de controlar a su coalición, de imponer disciplina interna o de responder eficazmente a las crisis no es únicamente un problema de gobernabilidad: es un indicador clave para determinar si el régimen híbrido mexicano deriva hacia una autocracia funcional o logra reencauzarse hacia una recomposición democrática.
El MCR identifica además cuáles son las variables que pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido. La libertad de prensa aparece como el factor más eficaz para reducir el riesgo: cada mejora de diez puntos en el índice de Reporteros Sin Fronteras disminuye el valor Z del modelo en 0.6 puntos. El gasto social productivo —es decir, programas con padrones verificables y mecanismos de evaluación— constituye la segunda variable de contención: un incremento equivalente a dos puntos del PIB reduce el valor Z en 0.44. En contraste, la polarización política —con un coeficiente de 0.85, el más alto del modelo— y el clientelismo —con 0.78— son factores que aceleran la autocratización.
En conjunto, los tres expedientes —la degradación institucional medida por el MCR, la presunta captura criminal documentada en NARCUS y el progresivo debilitamiento de la autoridad presidencial— dibujan una misma trayectoria: la transición de México hacia un sistema donde las elecciones subsisten, pero el equilibrio democrático se erosiona de manera acelerada. El riesgo no radica únicamente en una eventual ruptura autoritaria abierta, sino en la consolidación gradual de un modelo híbrido en el que la ley se aplica selectivamente, las instituciones pierden autonomía y el poder político queda condicionado por redes faccionales y criminales.
La relevancia del momento actual es que el desenlace todavía no está completamente definido. Los indicadores muestran deterioro, pero también identifican los mecanismos capaces de contenerlo: una prensa libre, contrapesos institucionales efectivos, transparencia en el gasto público y capacidad real de sancionar la corrupción dentro del propio aparato gobernante. El problema es que todas esas variables enfrentan hoy presiones simultáneas.
México se encuentra, así, en un vértice histórico. La discusión ya no es si el país conserva intacta su democracia liberal, porque los principales índices internacionales sostienen que esa etapa quedó atrás. La verdadera disputa es qué tipo de régimen emergerá de esta transición: una autocracia funcional sostenida por clientelismo, polarización y captura criminal, o una recomposición democrática capaz de reconstruir legitimidad institucional antes de que el deterioro se vuelva irreversible.
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