El partido Morena rompió su silencio y calificó la licencia de Rubén Rocha Moya como muestra de que "nadie está por encima de la ley", mientras enfrenta acusaciones de narcotráfico en Nueva York. El pronunciamiento ocurre después de que el gobernador pidiera separarse del cargo, no durante los años de corrupción documentada ni cuando estalló el escándalo.

CDMX — Morena tardó días en hablar. Desde que el Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, el partido oficialista guardó silencio. No hubo pronunciamiento cuando se conocieron las listas de sobornos, ni cuando se reveló que el Cártel había financiado la campaña del gobernador, ni cuando se documentó que la policía municipal secuestró a un informante de la DEA por orden de un comandante morenista. El silencio se rompió solo después de que Rocha Moya pidió licencia.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Morena escribió: "En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia". El partido presentó la separación del cargo como una prueba de virtud, no como una consecuencia de la presión judicial estadounidense. "Prueba de ello es la solicitud de licencia por parte de Rocha Moya, para que sean las instituciones soberanas quienes resuelvan sin injerencias", añadió.

La declaración morenista incurre en una omisión significativa. No menciona las pruebas que la fiscalía de Nueva York presentó contra Rocha Moya: las reuniones con Los Chapitos custodiadas por sicarios armados, el pacto para entregar el control de la policía estatal, la lista de oponentes que el secretario de Administración entregó al Cártel para que los secuestraran. Tampoco menciona a los otros nueve acusados, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien no pidió licencia y sigue ejerciendo su cargo mientras dice que las acusaciones son "calumnias".

El pronunciamiento ocurre en vísperas del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que se celebrará este domingo en el World Trade Center de la Ciudad de México. El evento, originalmente planeado para renovar estructuras partidistas, ahora ocurre en medio del mayor escándalo de narcopolítica que ha enfrentado el partido desde su fundación. En ese cónclave se perfila la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional y la posible llegada de Ariadna Montiel, quien hasta ahora no ha fijado postura sobre el caso Sinaloa.

La estrategia comunicativa de Morena revela un patrón: blindaje discursivo con instituciones como escudo. Al afirmar que "las instituciones soberanas" deben resolver, el partido se deslinda de la responsabilidad de investigar a sus propios cuadros. La Fiscalía General de la República es la misma que durante años no actuó contra estos funcionarios. Los tribunales mexicanos son los mismos que nunca investigaron las listas de sobornos incautadas por Estados Unidos. Morena no está pidiendo justicia. Está pidiendo que la justicia mexicana, que no actuó antes, actúe ahora para proteger a los suyos.

El editorial de Región Global del 13 de febrero de 2025 advertía que la respuesta del gobierno mexicano ante la presión estadounidense sería de "discursos vacíos". La declaración de Morena es un ejemplo perfecto. "Nadie está por encima de la ley", dice el partido, mientras el senador Inzunza desafía a la corte de Nueva York desde su curul. "Compromiso con la verdad y la justicia", repite, mientras el gobernador con licencia califica las acusaciones de "falsas y dolosas". En el narcoestado, la simulación también es un pilar. Y Morena acaba de fortalecerlo.

Fuente: Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Publicaciones oficiales de Morena en redes sociales (2 de mayo de 2026). VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena. Editorial "México en la cuerda floja", Región Global, 13 de febrero de 2025.
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