El Partido Acción Nacional anunció tres acciones legales y constitucionales contra el narcoestado sinaloense: juicio político contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, y denuncias ante instancias internacionales. "La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los narco-políticos", declaró el diputado Elías Lixa.
CDMX — La oposición mexicana escaló su ofensiva. El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una batería de acciones legales, constitucionales e internacionales derivadas de los señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno de Sinaloa y el crimen organizado. En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó que el partido impulsará tres frentes: juicio político contra Rubén Rocha Moya, solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, y denuncias ante instancias internacionales. "Vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos para impedir impunidad", señaló.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que el Estado mexicano no puede permanecer indiferente ante lo que calificó como una grave crisis institucional y democrática. "Las instituciones mexicanas no pueden permanecer indiferentes ante un ataque sostenido contra la democracia y la legalidad. Llevamos años denunciando vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, y hoy existen señalamientos, investigaciones y hechos públicos que obligan a actuar con responsabilidad y firmeza", afirmó. La frase que resume la postura del PAN fue contundente: "La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los narco-políticos".
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El PAN detalló los fundamentos legales de su ofensiva. Lixa explicó que los artículos 109 y 110 de la Constitución otorgan a los mexicanos "el derecho de buscar sancionar a los funcionarios públicos que violen gravemente la Constitución". Señaló que en Sinaloa "existen indicios de una afectación a la soberanía popular, a las elecciones libres y al deber constitucional de preservar la seguridad pública". La solicitud de juicio político busca la separación definitiva del cargo de Rubén Rocha Moya para evitar "cualquier mecanismo de protección política o jurídica". El indictment del Distrito Sur de Nueva York documenta que Rocha Moya ganó la elección de 2021 con el apoyo del Cártel de Sinaloa (robo de urnas, secuestro de opositores, prohibición a policías de intervenir). El PAN está pidiendo que México juzgue a Rocha Moya por lo que EE.UU. ya acusó.
La solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa es la medida más extrema. Prevista en el artículo 76 de la Constitución, permite al Senado declarar que han desaparecido los poderes constitucionales en una entidad y nombrar un gobernador provisional. No se utiliza desde la década de 1930. El PAN está señalando que la captura criminal del Estado en Sinaloa es tan profunda que justifica una intervención federal extraordinaria. Federico Döring Casar, diputado panista, alertó sobre las posibles repercusiones económicas y diplomáticas que enfrentaría México si persiste "la falta de claridad institucional" frente a los señalamientos internacionales. Trump ya declaró que "los cárteles gobiernan México". El PAN quiere que el gobierno mexicano demuestre lo contrario con acciones, no con discursos.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala afirmó que la violencia que enfrenta el país "es consecuencia de acuerdos entre actores políticos y el crimen organizado", y advirtió que las familias mexicanas no pueden seguir pagando las consecuencias de gobiernos que han renunciado a garantizar seguridad y legalidad. El PAN intenta capitalizar la indignación ciudadana y la presión internacional para forzar una crisis institucional que Morena ha preferido silenciar. El diputado Germán Martínez Cázares señaló que la principal responsabilidad del Estado mexicano debe ser garantizar seguridad y protección, no encubrir actos de corrupción.
Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha respondido al anuncio del PAN. Tampoco la Fiscalía General de la República ni el Congreso de la Unión (con mayoría de Morena) se han pronunciado sobre la admisión a trámite del juicio político. Morena enfrenta una disyuntiva: desechar las acciones del PAN y exponerse a acusaciones de encubrimiento, o permitir que avancen y arriesgarse a que sus propios funcionarios sean juzgados. El expediente NARCUS ha documentado que el gobierno mexicano ha optado hasta ahora por la protección de los acusados (seguridad adicional a Rocha Moya, negativa a la detención, silencio en el cónclave presidencial).
El PAN anunció que también presentará denuncias ante instancias internacionales, lo que podría incluir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) o incluso la Corte Penal Internacional. Mientras Sheinbaum habla de soberanía, la oposición está llevando el caso al plano internacional para que organismos externos presionen a México. El coordinador Lixa concluyó: "Claro que se puede investigar y sancionar en México a quienes hayan traicionado la confianza ciudadana y permitido la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas. Lo que no podemos permitir es el encubrimiento". La pelota está ahora en la cancha de Morena, de la FGR y de la presidenta. El PAN ha puesto sobre la mesa las herramientas constitucionales. Falta ver si México está dispuesto a usarlas.
Fuente: Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Nota No. 3794 (11 de mayo de 2026). Conferencia de prensa del PAN en Palacio Legislativo de San Lázaro. Declaraciones de Jorge Romero Herrera, Elías Lixa Abimerhi, Noemí Berenice Luna Ayala, Federico Döring Casar, Germán Martínez Cázares. Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Expediente NARCUS, reportajes 1-36.
0 Comentarios