Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán habrían iniciado contactos con autoridades de Estados Unidos para explorar una entrega negociada. El posible acuerdo amenaza con alterar el equilibrio criminal y político dentro del Cártel de Sinaloa.
EE.UU. — La posibilidad de que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, principales líderes de Los Chapitos, negocien una eventual entrega con autoridades estadounidenses representa algo más que una noticia judicial: abre un punto de quiebre dentro del Cártel de Sinaloa y anticipa una nueva etapa de reacomodos violentos en el mapa criminal mexicano.
La revelación, publicada por el diario Los Angeles Times, sostiene que ambos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán habrían sostenido contactos con autoridades federales de Estados Unidos durante aproximadamente un año para explorar un posible acuerdo judicial. La maniobra ocurre mientras sus hermanastros, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, ya cooperan con fiscales estadounidenses tras declararse culpables de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
Detrás de la eventual negociación aparece una pieza central: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Según la versión presentada por su defensa, Zambada fue secuestrado cerca de Culiacán por Joaquín Guzmán López y trasladado a territorio estadounidense para ser entregado a agentes federales. Diversas fuentes citadas por el diario señalan que la operación fue organizada por Iván Archivaldo. “El secuestro de Zambada fue una auténtica maniobra de gánsteres”, afirmó una fuente cercana a la investigación.
Aquel episodio fracturó definitivamente al Cártel de Sinaloa. Desde entonces, la guerra entre Los Chapitos y la facción de Los Mayos, ahora encabezada por Ismael Zambada Sicairos, ha provocado asesinatos, desapariciones y desplazamientos en el noroeste del país. La eventual entrega de los hijos de El Chapo podría desarticular una parte del liderazgo operativo del grupo, pero también acelerar nuevas disputas por el control territorial.
El expediente además escaló al terreno político. Investigaciones en cortes estadounidenses mencionan presuntos vínculos entre operadores criminales y figuras públicas mexicanas, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien rechazó cualquier relación ilegal. Con recompensas de 10 millones de dólares vigentes por cada uno de los hermanos Guzmán y nuevas acusaciones en preparación, Washington parece decidido a utilizar las negociaciones no sólo para debilitar al cartel, sino para ampliar su ofensiva sobre las redes de protección política que durante años lo sostuvieron.
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