Editorial
Los números no dejan lugar a dudas. Mientras México registró un aumento moderado en su tasa de víctimas de corrupción —de 13,966 a 15,642 por cada 100 mil habitantes entre 2023 y 2025—, Puebla sufrió un estallido: pasó de 11,897 a 15,185 víctimas, un crecimiento del 27.6%, más del doble del ritmo nacional. Este dato, extraído de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, desmiente cualquier intento de maquillar la realidad. La administración de Alejandro Armenta, quien tomó protesta el 14 de diciembre de 2024, ya mostraba en sus primeros meses una aceleración de la podredumbre administrativa.
Lo más grave es que la corrupción no viene sola. La misma encuesta revela que Puebla tiene el nivel más bajo de satisfacción con trámites presenciales en todo el país: apenas 73.4% de los poblanos se declara conforme, frente al 82.3% nacional. La combinación es letal: un gobierno que no solo opera sobornos, sino que además es incapaz de ofrecer un servicio eficiente. Las largas filas, los requisitos absurdos y los horarios restrictivos —que a nivel nacional representan el 79.7% de los problemas— se suman a la mordida. El resultado es una ciudadanía atrapada entre la extorsión y la desidia oficial.
Pero el círculo de la opacidad se cierra con decisiones deliberadas. El gobierno estatal ha reservado información fundamental del proyecto Cablebús, una obra faraónica cuya transparencia debería ser obligatoria. También ha clasificado los viajes del gobernador en helicóptero y manipulado un buen número de licitaciones, arrendamientos y adquisiciones. ¿Cuánto cuesta la opacidad a los poblanos? En cualquier democracia funcional, estos datos serían públicos. En Puebla, se entierran bajo figuras legales y trucos administrativos que simulan proteger la seguridad, pero en realidad apuntalan la impunidad.
El deterioro no es sólo administrativo, sino estructural. El sector secundario poblano —la industria y la construcción— muestra signos de agotamiento, y la informalidad laboral ronda el 57%, una de las tasas más altas del país. Sin inversión productiva, con un gobierno que prefiere reservar la información antes que rendir cuentas, y con una tendencia al alza en la corrupción, las perspectivas son sombrías para Puebla. Armenta ha logrado en apenas un año lo que parecía imposible: consolidar un modelo de gestión que combina lo peor de la vieja política: la corrupción cotidiana, la ineficiencia crónica y el hermetismo como dogma.
Los datos de la ENCIG 2025 son una fotografía que no admite retoques. La tasa de incidencia de corrupción en Puebla (actos por cada 100 mil habitantes) se mantuvo en 20,100, por debajo de la nacional, pero el crecimiento de las víctimas es lo que alerta: la corrupción se está expandiendo más rápido que en el resto del país. Y la insatisfacción ciudadana, la más alta de México, es el termómetro de un gobierno que ha convertido la necesidad de un trámite en un viacrucis de humillaciones y costos ocultos. Si esta tendencia no se revierte con auditorías externas, apertura total de datos y una purga de mandos, Puebla se encamina a ser el laboratorio mexicano de la corrupción acelerada.
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