La SCJN validó las reglas de evaluación de la SEP que eliminan la asistencia mínima obligatoria y permiten promover alumnos con materias reprobadas en secundaria. La resolución fue aprobada por unanimidad tras un amparo promovido en el Estado de México.
CDMX — La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por unanimidad las disposiciones impulsadas por la Secretaría de Educación Pública que modificaron desde 2023 los criterios de evaluación y promoción escolar en educación básica, eliminando el requisito del 80 por ciento de asistencia para acreditar el ciclo escolar y permitiendo que estudiantes de secundaria avancen de grado aun con hasta cuatro materias reprobadas.
La resolución se dio luego de que el Colegio El Roble, institución privada del Estado de México, promoviera un amparo contra el Acuerdo 10/09/23 de la SEP al considerar que las nuevas disposiciones afectan la calidad educativa y reducen los incentivos académicos. La institución argumentó que “el sistema permite que el alumnado que no ha logrado obtener los conocimientos científicos necesarios para su desarrollo, prosiga en la escala de grados escolares aun con déficits en su aprendizaje”.
La ministra Lenia Batres, autora del proyecto de sentencia, sostuvo que la excelencia educativa no puede limitarse a criterios cuantitativos como la asistencia o las calificaciones numéricas. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas”, afirmó durante la discusión del caso. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, respaldó esa postura al señalar que asistir diariamente a clases no garantiza el aprendizaje ni la apropiación de conocimientos.
El nuevo esquema de evaluación establece además una calificación mínima de 6 y busca privilegiar la permanencia de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo. Batres defendió que la evaluación debe considerar elementos integrales y citó modelos educativos de países como Dinamarca y Finlandia, donde la educación primaria no depende exclusivamente de evaluaciones numéricas.
Aunque los ministros Giovanni Figueroa y Estela Ríos expresaron reservas sobre eliminar la asistencia como criterio obligatorio, ambos terminaron respaldando el proyecto. Ríos advirtió que “si queremos que realmente haya una educación que esté al alcance de todos, debemos tomar en cuenta esta situación”, mientras Figueroa sostuvo que no existen elementos concluyentes para afirmar que las calificaciones numéricas sean el mejor mecanismo de evaluación. Con esta decisión, la Corte reconoció la facultad del Ejecutivo federal para definir los principios y objetivos rectores de la educación básica en México.
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