La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Estados Unidos "siempre usó el tema del narcotráfico como pretexto para intervenir" en otros países, citando los casos de Raúl Castro y Evo Morales. Enmarcó las acusaciones del Departamento de Justicia contra los funcionarios sinaloenses en un patrón histórico de injerencia estadounidense en América Latina, sin referirse a las pruebas concretas del indictment.
CDMX — La presidenta Claudia Sheinbaum llevó su confrontación discursiva con Estados Unidos a un plano histórico y geopolítico. En su conferencia matutina de este viernes, al ser cuestionada sobre las acusaciones del Departamento de Justicia contra el expresidente cubano Raúl Castro y sobre los señalamientos de persecución política contra Evo Morales en Bolivia, la mandataria declaró: "Estados Unidos siempre usó el tema del narcotráfico como pretexto para intervenir. Entonces, eso hay que tenerlo claro". La frase no fue un comentario aislado. Fue la explicitación de una tesis: el caso Sinaloa —la acusación contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios— no sería un asunto de justicia, sino una nueva manifestación del viejo patrón injerencista de Washington en América Latina.
Sheinbaum desarrolló su argumento con referencias históricas. "Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de hoy", afirmó. Puso como ejemplo a Evo Morales: "La primera vez que se postuló Evo Morales lo acusaban de que estaba vinculado de una u otra manera al narcotráfico, dirigente indígena de una zona de producción de coca, de hoja de coca, no de coca". La implicación es directa: así como Morales fue acusado injustamente antes de llegar a la presidencia de Bolivia, los funcionarios sinaloenses —incluyendo a Rocha Moya— estarían siendo víctimas de un patrón similar. Lo que el discurso presidencial omite es que el indictment del Distrito Sur de Nueva York no se basa en acusaciones genéricas, sino en 34 páginas de pruebas documentales: listas de sobornos incautadas, testimonios de informantes, registros de vuelos privados y declaraciones de cooperantes.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La presidenta combinó este discurso histórico con una reafirmación de la postura soberanista. "Nosotros decimos: colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración y coordinación", declaró. Es la misma línea que ha sostenido desde el 29 de abril: México acepta cooperación, pero no subordinación. Sin embargo, mientras Sheinbaum hablaba de "pretextos injerencistas", su propio gobierno mostraba fracturas internas: la secretaria de Gobernación había evadido con un "¿Yo por qué?" la pregunta sobre el paradero de Rocha Moya, y la presidenta había contradicho a su secretario de Seguridad sobre si el gobernador acusado tiene o no seguridad federal.
El discurso de Sheinbaum también omitió mencionar las entregas voluntarias de dos exsecretarios del gobierno de Rocha Moya —Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega— a las autoridades de Estados Unidos. Si la acusación es solo un "pretexto injerencista", ¿por qué dos de los acusados decidieron entregarse voluntariamente y enfrentar la justicia estadounidense en lugar de confiar en la protección del gobierno mexicano? La presidenta no respondió a esa pregunta. Tampoco explicó por qué su gobierno ha protegido a Rocha Moya (seguridad adicional, negativa a la detención) mientras el Ejército, según versiones no confirmadas, instruyó a Mérida a entregarse para limpiar sus filas.
La paradoja del discurso de Sheinbaum es que, mientras acusa a Estados Unidos de injerencia, su gobierno ha colaborado activamente con Washington en otros frentes. México entregó a más de 90 operadores de cárteles a EE.UU. fuera del proceso de extradición. Aceptó la colaboración de inteligencia que llevó a la muerte de "El Mencho". Permitió, según investigaciones periodísticas, operaciones de la CIA en Chihuahua. La "injerencia" no parece molestar a Sheinbaum cuando el objetivo es un narcotraficante o cuando la colaboración beneficia a su gobierno. Molesta cuando el señalado es un funcionario de Morena.
La presidenta advirtió: "No hay que olvidar la historia, porque si no nos aislamos, vemos el tema como si fuera algo aislado". El llamado a contextualizar es legítimo. Pero la historia también incluye los casos de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad de Calderón, condenado en Estados Unidos— que el gobierno de Morena aplaudió y validó como un ejemplo de justicia. Cuando el acusado era del PAN, el juicio en EE.UU. era "justicia ejemplar". Cuando el acusado es de Morena, el mismo proceso se convierte en "injerencia histórica". La inconsistencia es evidente. El gobierno de Sheinbaum navega esta contradicción. Mientras tanto, la presidenta habla de historia. Las pruebas del indictment, mientras tanto, siguen sobre la mesa. Y dos exsecretarios de Rocha Moya ya están en custodia de Estados Unidos, esperando para contar lo que saben.
Fuente: Declaraciones de Claudia Sheinbaum en conferencia matutina (22 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Caso Evo Morales (Bolivia). Caso Genaro García Luna. Entregas voluntarias de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Expediente NARCUS, reportajes 1-61.
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