La presidenta Claudia Sheinbaum presentará una iniciativa para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, que revisará posibles vínculos criminales de aspirantes rumbo a los comicios de 2027. La propuesta surge tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
CDMX — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso, durante el periodo extraordinario que inicia la próxima semana, una reforma electoral para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que funcionará como filtro para detectar posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con la delincuencia organizada. La iniciativa responde a las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalan de haber recibido apoyo del narcotráfico para llegar al poder.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La mandataria reconoció que, desde el inicio de su gobierno, han surgido distintos casos de autoridades locales presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada. La iniciativa, explicó, forma parte del denominado “Plan A” de reforma electoral que no fue aprobado en su momento, y que ahora será retomado para fortalecer la democracia y la limpieza de los comicios de 2027.
La propuesta, detallada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, contempla la creación de una comisión integrada por cinco consejeros electorales que serán elegidos y votados por el Consejo General del INE. Permanecerán tres años en funciones y operarán como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mecanismo funcionará de la siguiente manera: los partidos políticos —de manera voluntaria— podrán entregar a la comisión las listas de sus aspirantes a candidaturas. Los aspirantes, a su vez, estarán obligados a aceptar ser evaluados. Las autoridades de inteligencia y procuración revisarán si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Sin revelar expedientes ni detalles de investigaciones, informarán a la comisión si detectaron o no dicho riesgo. La comisión, a su vez, comunicará el resultado a los partidos políticos. La decisión final de registrar o no la candidatura quedará en manos de cada partido. Todo el procedimiento será confidencial y reservado.
El contexto de la iniciativa es ineludible. Hace apenas unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó públicamente a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de haber recibido apoyo del narcotráfico para llegar al poder. Aunque Sheinbaum no mencionó directamente el caso durante su anuncio, la coincidencia temporal es evidente. La mandataria ha sostenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional frente a las presiones estadounidenses, pero también ha admitido que existen problemas de infiltración criminal en autoridades locales. “Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, declaró.
La reforma se sumará al paquete que el Congreso discutirá en el periodo extraordinario convocado originalmente para aprobar la postergación de la elección judicial a 2028. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ya delineó el calendario: recepción de la iniciativa en la Comisión Permanente este jueves, cinco días de análisis en comisiones, y votación en el Pleno de San Lázaro el miércoles 27 de mayo. La nueva iniciativa, si se turna en tiempo, seguiría una ruta similar. El plazo constitucional es apremiante: las reformas electorales deben publicarse 90 días antes del inicio del proceso de 2027, previsto para septiembre de 2026. La ventana cierra en los primeros días de junio.
El diseño de la comisión ha generado interrogantes entre especialistas electorales. La participación voluntaria de los partidos podría dejar fuera del filtro a aspirantes de aquellas fuerzas políticas que se nieguen a cooperar. Además, la decisión final sigue siendo partidista: un partido podría registrar a un candidato señalado con “riesgo razonable” si así lo decide. La confidencialidad del proceso, si bien protege investigaciones sensibles, también impide que el ciudadano sepa qué candidatos fueron advertidos. Sheinbaum insistió en que la herramienta es un avance: “Vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla”. La oposición aún no ha fijado una postura oficial, pero anticipa un debate sobre la eficacia real del filtro y sobre si el gobierno está utilizando el caso de Sinaloa para impulsar una reforma que pudo haber presentado antes.
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