La iniciativa presidencial busca postergar la elección de jueces y magistrados, originalmente prevista para 2027, hasta el 4 de junio de 2028. El objetivo real es que coincida con la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, ya fijada constitucionalmente para ese año. Morena fracasó antes en su intento de adelantar la consulta a 2027.
CDMX — El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, detalló este lunes la ruta legislativa para procesar la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de postergar la elección del Poder Judicial, originalmente prevista para el primer domingo de junio de 2027, hasta el 4 de junio de 2028. Lo que el oficialismo presenta como una decisión técnica para evitar la concurrencia con los comicios ordinarios de 2027 es, en realidad, una pieza de un rompecabezas más complejo: la reconfiguración del calendario democrático para que la elección judicial coincida con la revocación de mandato de la presidenta.
La revocación de mandato ya está fijada en la Constitución para 2028. Lo que Morena intentó primero fue adelantar esa consulta a 2027 mediante una reforma electoral que fue presentada en el Congreso. El resultado fue un rotundo fracaso: prácticamente todos los partidos de oposición —PAN, PRI, MC>— (y buena parte del oficialismo PVEM y PT) desecharon la propuesta. Sólo Morena votó a favor. El intento de adelantar la revocación murió en las comisiones.
Frente a ese bloqueo, la estrategia del oficialismo giró 180 grados. Si no se puede adelantar la revocación a 2027, entonces se posterga la elección judicial a 2028. El efecto práctico es el mismo que buscaba la reforma fallida: que ambos procesos ocurran el mismo día. El argumento público será el ahorro presupuestal. Unificar la elección de jueces, magistrados y ministros —un operativo logístico de enorme escala— con la consulta de revocación reduciría costos para el Instituto Nacional Electoral (INE). Pero el trasfondo es inevitablemente político.
La ruta legislativa que delineó Monreal es acelerada. El jueves 21 de mayo la iniciativa se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Del 21 al 26 de mayo se analizará y dictaminará. El miércoles 27 de mayo se instalará el periodo extraordinario en San Lázaro para su discusión y votación en el Pleno. De ser aprobada por mayoría calificada, pasará al Senado como Cámara revisora y luego a las legislaturas estatales para su ratificación conforme al artículo 135 constitucional. El plazo es implacable: la reforma debe estar lista antes de que inicie el proceso electoral ordinario de 2027, previsto para septiembre de 2026.
Las cifras de la elección judicial que se celebraría en 2028 son monumentales: cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito. A nivel local, se elegirían 424 magistrados estatales y más de dos mil jueces. Empatar ese macroproceso con la revocación de mandato, insiste Morena, es una cuestión de eficiencia. La oposición anticipa un debate distinto: la presidenta Sheinbaum se sometería a la consulta popular en la misma jornada en que los votantes deberán elegir a miles de juzgadores, diluyendo el peso específico de la pregunta sobre su continuidad.
El contexto de esta maniobra no es menor. La semana pasada, el propio Monreal recibió una propuesta concertada del INE que incluía la postergación de la concurrencia de las elecciones judiciales. Lo que el órgano electoral veía como una medida técnica para evitar el colapso operativo de 2027, el oficialismo lo ha convertido en una palanca para reordenar todo el calendario democrático. La iniciativa que enviará Sheinbaum a través de la consejera jurídica Luisa Alcalde modificará varios artículos de la Constitución, no sólo el transitorio que fija la fecha.
Monreal ha anticipado que la propuesta incluirá la creación de una comisión coordinadora para homogeneizar los criterios de los comités de evaluación de los tres Poderes, la reducción del número de candidatos (para evitar los criticados “acordeones”), y la posibilidad de exámenes de conocimientos para aspirantes. Todas ellas son modificaciones que, según el diputado, “perfeccionan” la reforma judicial original. Pero el corazón de la iniciativa no es técnico: es el traslado de la elección a 2028. El mismo año en que México ya estaba llamado a decidir si Claudia Sheinbaum continúa o no en la Presidencia.
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