El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a los 93 fiscales federales del país triplicar el número de acusaciones contra políticos mexicanos que cooperan con los cárteles e incluir cargos por terrorismo, reveló The New York Times. El Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh, declaró que no le importa "ofender" al gobierno de Claudia Sheinbaum: "Si los avergonzamos y humillamos, sería la cereza del pastel".
NY, EE.UU. — EUna escalada cualitativa y cuantitativa deja atrás cualquier ambigüedad: Según reveló The New York Times, el Subprocurador General Adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, instruyó a los 93 fiscales federales del país en una llamada telefónica: triplicar el número de acusaciones contra políticos mexicanos sospechosos de cooperar con los cárteles y añadirles cargos por terrorismo. No es una sugerencia. Es una orden. Y el desprecio por la reacción del gobierno mexicano es explícito.
Las palabras de Singh, citadas por el rotativo a través de una fuente anónima, son un parteaguas en la relación bilateral. "Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno", declaró. Luego añadió: "Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros". Singh no solo anuncia una escalada. Expresa una hostilidad institucional que trasciende la retórica presidencial. La humillación del gobierno mexicano no es un efecto colateral: es un objetivo.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La directiva de Singh tiene implicaciones concretas. Primero, la métrica cuantitativa: triplicar. El caso Sinaloa (10 acusados) sería apenas el inicio. Si EE.UU. triplica el número de acusaciones, eso significa que hay decenas —quizás centenas— de funcionarios mexicanos en la mira de los fiscales federales. Segundo, la métrica cualitativa: terrorismo. Desde febrero de 2025, la administración Trump designó a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs). La acusación contra Rocha Moya (29 de abril) no incluyó cargos por terrorismo. Singh está corrigiendo esa omisión. Los próximos casos sí los incluirán.
La contradicción con el canal presidencial es extrema. El mismo viernes, Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una "cordial y excelente conversación" con Donald Trump sobre seguridad y comercio, y que acordaron nuevas reuniones entre funcionarios. Mientras Trump hablaba cordialmente, su subprocurador general ordenaba a 93 fiscales humillar a México y triplicar las acusaciones contra sus políticos. La dualidad no es una anomalía: es la estrategia de presión total de Trump. Por un canal, la apariencia de cooperación; por el otro, la guerra judicial sin cuartel.
El expediente NARCUS ha documentado las primeras consecuencias de esta presión: dos acusados (Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega) se entregaron voluntariamente a EE.UU. en menos de una semana. La directiva de Singh sugiere que más funcionarios mexicanos —incluyendo algunos que aún no han sido mencionados públicamente— están en proceso de ser acusados. La FGR, mientras tanto, no ha citado a comparecer a ninguno de los diez acusados originales. México protege; EE.UU. acusa. Y ahora, con la instrucción de Singh, la asimetría se profundiza.
La reacción del gobierno mexicano no se ha producido. Sheinbaum no ha respondido a las declaraciones de Singh. Tampoco la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Fiscalía General de la República. El silencio es estratégico o es impotencia. Singh ya advirtió que no le importa ofender al gobierno mexicano. La pregunta no es si México protestará, sino si hará algo más que protestar. Las opciones son limitadas: puede endurecer su postura soberanista (lo que Singh celebraría como "humillación"), puede buscar acuerdos tras bambalinas (lo que Singh desprecia) o puede comenzar a investigar y sancionar a sus propios funcionarios (lo que Singh probablemente considera improbable).
El director de la DEA, Terry Cole, dijo el 12 de mayo que la acusación contra Rocha Moya es "solo el comienzo". La instrucción de Singh a los 93 fiscales confirma que Cole no exageraba. Lo que viene no son más acusaciones. Es una avalancha judicial con cargos de terrorismo. México puede elegir entre cooperar para mitigar el golpe, o enfrentarlo solo. Hasta ahora, la evidencia sugiere que el gobierno de Sheinbaum ha optado por la segunda opción. Singh, Trump y el aparato judicial estadounidense ya decidieron que no importa. Avanzan igual. Y mientras lo hacen, los políticos mexicanos señalados saben que pueden ser los próximos. Algunos ya empezaron a entregarse.
Fuente: The New York Times (15 de mayo de 2026). Declaraciones de Aakash Singh, Subprocurador General Adjunto de EE.UU., en llamada con 93 fiscales federales. Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Declaración de Claudia Sheinbaum sobre llamada con Donald Trump (15 de mayo de 2026). Expediente NARCUS, reportajes 1-45.


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