La Unidad de Inteligencia Financiera confirma que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) —incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sus cuatro hijos y el senador Enrique Inzunza Cázarez— derivaron de reportes bancarios originados por los señalamientos de Estados Unidos. La UIF insiste en que la medida es "estrictamente preventiva" y no implica culpabilidad.
CDMX — La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda, confirma que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) —incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sus cuatro hijos (Rubén, Ricardo, Eneyda y José de Jesús Rocha Ruiz) y el senador Enrique Inzunza Cázarez, entre otros— derivaron de reportes bancarios originados por los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente.
La UIF explica el mecanismo: los bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos. Ante los señalamientos públicos del indictment (29 de abril), los bancos identificaron a sus clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) —una categoría que incluye a funcionarios públicos de alto nivel— y emitieron alertamientos. Con base en esos reportes bancarios (llamados LPB 24 Horas), la UIF llevó a cabo "la inmovilización preventiva" para proteger la integridad del sistema financiero nacional. Es decir, la UIF no actuó por iniciativa propia; respondió a alertas generadas por los bancos, que a su vez reaccionaron al indictment estadounidense.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
La UIF enfatiza que estas medidas "no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo". Los afectados, señala, cuentan con "medios de defensa y garantías previstas en la legislación aplicable", incluyendo la Garantía de Audiencia y la posibilidad de hacer valer recursos administrativos y jurisdiccionales. Hasta ahora, ni Rocha Moya, ni Inzunza, ni sus familiares han hecho público si han iniciado algún recurso para impugnar el congelamiento de sus cuentas. El silencio de los afectados es un dato en sí mismo.
El comunicado confirma que la UIF está "actualmente analizando diversa información y documentación" relacionada con las PEP incluidas en la LPB, con "los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales" que en cualquier otro reporte. La investigación financiera no se limita al congelamiento preventivo; la UIF está revisando el entramado de empresas y contratos que el expediente NARCUS documentó en el reportaje 47. La pregunta es si esos análisis se traducirán en denuncias penales por lavado de dinero o enriquecimiento ilícito ante la FGR, o si se quedarán en meros ejercicios administrativos.
El expediente NARCUS ha documentado que la UIF actúa con celeridad cuando recibe alertas de los bancos —y, por extensión, de EE.UU.—. También ha documentado que la FGR no ha citado a comparecer a ninguno de los acusados. La diferencia entre la UIF (que congela preventivamente) y la FGR (que no investiga penalmente) es un reflejo de la fragmentación institucional del gobierno mexicano. Una dependencia actúa; la otra, no.
La UIF no menciona a Jorge Antonio Cano Félix, el esposo de Eneyda Rocha y exdirector de Pemex señalado por el expediente NARCUS como el "eslabón perdido". Tampoco menciona a otros familiares o socios de los hijos de Rocha Moya que operan las 14 empresas del entramado de contratos públicos. La LPB, por ahora, se concentra en el núcleo duro de la familia política, pero no en toda la red de negocios que documentó este medio. La UIF tendrá que decidir si amplía las investigaciones o si se detiene en las figuras más visibles. La presión de EE.UU. —y de los bancos corresponsales— seguirá siendo un factor determinante.
La UIF no da plazos para concluir el análisis de documentación o para determinar si las medidas preventivas se convertirán en definitivas. El mensaje central es claro: el congelamiento de cuentas de Rocha Moya, sus hijos e Inzunza no fue una ocurrencia del gobierno mexicano, sino una reacción a señalamientos de EE.UU. transmitidos a través de los bancos. La administración de Sheinbaum puede decir que actúa, pero la evidencia sugiere que actúa reactivamente, no proactivamente. Y mientras tanto, los acusados de narcotráfico siguen libres, con seguridad adicional en el caso de Rocha Moya, y con fuero en el caso de Inzunza. La medida preventiva de la UIF es un paso, pero no es justicia. La justicia —penal, no administrativa— sigue pendiente.
Fuente: Comunicado UIF No. 39 (18 de mayo de 2026). Acuerdo UIF 156/2026. Reportajes 43 y 47 del expediente NARCUS (congelamiento de cuentas y red financiera de los hijos de Rocha Moya). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Expediente NARCUS, reportajes 1-52.
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