La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda emitió el Acuerdo 156/2026 para congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sus tres hijos, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados. La medida preventiva se deriva de la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y colaboración con Los Chapitos.
CDMX — El gobierno de Claudia Sheinbaum tomó una medida financiera sin precedentes contra el núcleo duro de la narcopolítica sinaloense. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, emitió el Acuerdo 156/2026 el pasado 6 de mayo —una semana después del indictment— para congelar las cuentas bancarias de 14 personas, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sus tres hijos (Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz), el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve funcionarios sinaloenses señalados por el Distrito Sur de Nueva York. La medida, revelada este viernes por el periodista Jorge García Orozco en el medio Emeequis, fue notificada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a todas las instituciones financieras del país.
El expediente NARCUS ha documentado durante 42 reportajes la captura criminal del Estado mexicano. El reportaje 43 registra una acción concreta del gobierno mexicano contra los acusados, pero con una contradicción de fondo: la misma administración que calificó la solicitud de detención de EE.UU. como "falta de urgencia" y que asignó seguridad adicional a Rocha Moya, ahora congela sus cuentas con base en la misma acusación estadounidense. La UIF no requiere una sentencia condenatoria para actuar; le bastan "indicios" de operaciones ilícitas vinculadas a investigaciones internacionales.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El Acuerdo 156/2026 implica la "suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano". La medida afecta directamente a la economía de los acusados: no pueden disponer de sus cuentas, transferir fondos, hacer retiros ni realizar operaciones financieras de ningún tipo. Rocha Moya, que recibe tres pensiones (ISSSTE, IMSS y UAS), no puede acceder a ese dinero. Su hijo Eneyda Rocha —titular del DIF Sinaloa y esposa del exdirector de Pemex Jorge Antonio Cano Félix— no aparece en la lista de afectados, a diferencia de sus hermanos varones. El senador Inzunza, que se ha negado a pedir licencia, tampoco puede tocar sus activos bancarios.
La medida de la UIF es preventiva, no penal. No implica una orden de aprehensión, pero sí un golpe financiero directo a la estructura de poder denunciada por la fiscalía de Nueva York. La contradicción interinstitucional persiste: mientras la FGR dice que la solicitud de EE.UU. "carece de pruebas de urgencia" para detener a Rocha Moya, la UIF consideró que las mismas pruebas son suficientes para congelar sus cuentas. No es una contradicción menor: implica que dos dependencias del mismo gobierno federal evaluaron distinto el peso de la acusación estadounidense.
El expediente NARCUS ha señalado que los hijos de Rocha Moya no habían sido mencionados previamente en el indictment, pero ahora son alcanzados por la UIF. La investigación financiera sugiere que los activos del gobernador podrían haber sido transferidos a sus familiares directos, una práctica común en el lavado de dinero. La UIF no solo está siguiendo el rastro del dinero: está cortando su flujo. La pregunta que queda en el aire es si el congelamiento alcanzará también a Eneyda Rocha y a su esposo Jorge Antonio Cano Félix —el "eslabón perdido" documentado por Región Global—, cuyos activos no han sido bloqueados en esta primera ronda.
La reacción de los afectados no se ha hecho esperar. Ni Rocha Moya ni Inzunza se han pronunciado públicamente sobre la medida. El senador, que ha dicho que refutará "las calumnias" desde el Senado, ahora enfrenta un bloqueo financiero que podría afectar su operación política. La UIF ha demostrado que puede actuar con rapidez cuando hay presión internacional de por medio. La pregunta es si la FGR seguirá el mismo camino o si la contradicción entre dependencias se profundizará.
El Acuerdo 156/2026 es, hasta ahora, la acción más contundente del gobierno mexicano contra los acusados de narcotráfico en Sinaloa. Pero también expone la fragmentación de la respuesta institucional: mientras la UIF congela, la FGR protege; mientras la SSPC desmiente operaciones de la CIA, la FGR investiga a Chihuahua; mientras Sheinbaum habla de soberanía, su gobierno actúa financieramente con base en pruebas estadounidenses. El expediente NARCUS seguirá documentando estas tensiones. La ciudadanía, entretanto, observa si el congelamiento de cuentas es el primer paso de una acción integral contra el narcoestado o solo una medida aislada para aparentar firmeza.
Fuente: Reportaje de Emeequis (Jorge García Orozco, 15 de mayo de 2026). Acuerdo UIF 156/2026 (6 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF), Distrito Sur de Nueva York. Expediente NARCUS, reportajes 1-42.
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