A tres días del Mundial, el gobierno de Claudia Sheinbaum interceptó 17 autobuses con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan. Las madres denuncian que les “querían sembrar” artefactos explosivos. “¿Qué peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?”, cuestionó su abogado. Exigen reunión el viernes con SEGOB, SRE y FGR.
CDMX — La caseta de cobro de Tlalpan, en la entrada de la Ciudad de México, fue el escenario este lunes de un operativo que las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 calificaron como “difamación y ataque”. Diecisiete autobuses que trasladaban a familiares y estudiantes desde Guerrero hacia la capital fueron interceptados y revisados minuciosamente. Participaron perros entrenados. La versión oficial, que los familiares rechazan de plano, reportó el hallazgo de artefactos explosivos en una de las unidades. El retraso para ingresar a la ciudad fue de cuatro horas. “Llevaron perros para la revisión, para ver si llevábamos o traíamos lo que ellos nos querían sembrar”, denunció María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo. Su declaración resume la percepción de un movimiento que, tras más de una década de lucha, sigue siendo visto por el Estado como una amenaza.
La madre de José Eduardo fue tajante: “Las únicas armas del movimiento son las fotografías y lonas con los rostros de nuestros hijos”. El abogado del colectivo, Isidoro Vicario, llevó la pregunta al terreno de la lógica elemental: “¿Qué peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?”. No hubo respuesta oficial. El operativo, en cambio, habla por sí mismo: perros, revisión minuciosa, acusación de explosivos, cuatro horas de retraso. Todo ello a tres días del inicio del Mundial FIFA 2026, cuando la Ciudad de México ya está parcialmente paralizada por el plantón de la CNTE y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha repetido hasta el cansancio que “no reprime, no amenaza”. Las madres de Ayotzinapa, que llegaban a la capital para iniciar una nueva jornada de movilizaciones, se encontraron con otra realidad.
El vocero del movimiento, Melitón Ortega, recordó que la lucha de las familias siempre ha sido pacífica y lamentó que, en contraste, hayan sido “blanco constante de ataques por parte de las fuerzas de seguridad a lo largo de estos años”. El patrón se repite: gobiernos de distintos signos políticos —Peña Nieto, López Obrador, ahora Sheinbaum— han sido señalados por hostigar a quienes exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. La noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron atacados por policías municipales en coordinación con el crimen organizado. Once años después, no hay líneas de investigación claras, no hay responsables condenados, no hay estudiantes aparecidos con vida. Y las madres, cuando intentan llegar a la Ciudad de México para ser escuchadas, son interceptadas por perros y acusadas de portar explosivos.
Tras el operativo y el retraso, los familiares convocaron a una conferencia de prensa en el Antimonumento +43 de la capital. El anuncio fue una nueva jornada de movilizaciones y una solicitud concreta: una reunión el viernes 12 de junio con los titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Mario González, padre de César Manuel, subrayó que el movimiento no se detendrá “a pesar de la falta de líneas de investigación claras por parte del gobierno federal actual”. La reunión del viernes será una prueba de fuego: si el gobierno acepta dialogar y presenta avances reales, podría desactivar una crisis de legitimidad que el Mundial solo magnificaría. Si no lo hace, o si envía a funcionarios de segundo nivel, la imagen de las madres siendo revisadas por perros en Tlalpan quedará grabada como el símbolo de un Estado que, once años después, sigue sin dar justicia.
El clamor de las madres fue unánime en la conferencia. “Ya no quieren seguir en las calles, no queremos seguir gritando, pero regrésenos a nuestros hijos”, sentenciaron. La fatiga tras años de exigencia de justicia se transforma en una petición directa, casi una súplica. El gobierno de Sheinbaum, mientras tanto, enfrenta un escenario complejo: la CNTE con el Centro Histórico tomado, el Mundial a tres días, la presión de Estados Unidos por el caso Sinaloa, y ahora las madres de Ayotzinapa denunciando hostigamiento.
No es represión, dice el gobierno. Pero para las madres, que llevan once años pidiendo verdad y justicia, la diferencia entre “revisión” y “hostigamiento” es cuestión de perspectiva. La suya, avalada por el abogado Vicario, es clara: “¿Qué peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?”.
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