En su quinto día de plantón indefinido, la CNTE bloquea Reforma e Insurgentes, toma 13 gasolineras en Chiapas (regala combustible) y secuestra al menos dos choferes de autobuses. El gobierno propone PENSIONISSSTE y una Aseguradora Pública, pero descarta el desalojo: “No reprime, no amenaza”, afirma Rosa Icela Rodríguez.
CDMX — La Ciudad de México amaneció este viernes 5 de junio con el corazón paralizado. Paseo de la Reforma, la principal arteria de la capital, permanece cerrada en ambos sentidos entre Violeta y la Diana Cazadora. Insurgentes, otra de las vialidades fundamentales, está bloqueada entre Av. México Tenochtitlan y la Glorieta de Insurgentes. La línea 7 del Metrobús, suspendida. Avenida Juárez, cerrada. También Niza, Florencia, Bucareli, Rosales, Edison. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumple su quinto día consecutivo de plantón indefinido, y esta vez la presión ha cruzado líneas que antes parecían infranqueables.
La organización del bloqueo revela la estructura territorial del magisterio disidente. En Insurgentes se instalaron las Secciones 22 y 40. En el Ángel de la Independencia, la Sección 7 de Chiapas, la 18 de Michoacán, las 34 y 58 de Zacatecas, y la región veracruzana. Sobre el Ahuehuete, las secciones de Aguascalientes, Colima y Guanajuato. En el Caballito, la Sección 14 de Guerrero, la misma que ayer, según el testimonio de un chofer secuestrado, envió a 25 profesores a raptarlo. No es un movimiento amorfo. Es una máquina de presión coordinada, con capacidad de desplegarse en puntos estratégicos y de escalar sus acciones cuando el gobierno no cede.
Porque la escalada es real. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Sección 7 tomó 13 gasolineras. Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis, Diana Cazadora. Y no solo las tomaron: regalaron combustible. Diez litros a vehículos particulares, cinco a motociclistas. Largas filas de automovilistas aprovechando la gasolina “gratis” mientras el Estado observa. La Coparmex Chiapas exigió la liberación inmediata de las instalaciones y el restablecimiento del orden público. “Los bloqueos o tomas de instalaciones estratégicas generan afectaciones directas al abasto, al libre tránsito, a la operación regular de las empresas y a la economía regional”, advirtió el organismo empresarial. Hasta ahora, ninguna autoridad ha intervenido.
Pero la acción más grave, la que cambia la naturaleza del conflicto, ocurrió en la CDMX. Al menos dos choferes de autobuses comerciales —uno de Estrella de Oro, otro de Costa Line— permanecen secuestrados por agremiados de la CNTE desde ayer. El conductor de Estrella de Oro, de unos 40 años, narró a REFORMA que fue raptado por 25 profesores de Guerrero tras la toma de casetas del jueves. Su empresa le instruyó: “No se opongan, no pongan resistencia. Sólo avisen que van a levantar el informe”. La gasolina y su servicio corren por cuenta de la empresa. “No sé cuánto tiempo vaya a ser, o si van a querer que los lleve a Guerrero para el fin de semana”, dijo. Y reveló un patrón escalofriante: “La vez pasada fue un mes, por el aniversario de Ayotzinapa. Lo bueno es que te dan comida”. El camión de Estrella de Oro y el de Costa Line bloquean ahora el cruce de Reforma y Bucareli. Los choferes están adentro. Son escudos humanos.
Frente a esta escalada —secuestros, toma de gasolineras, vialidades paralizadas por quinto día—, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene su estrategia: no reprimir, negociar. Este jueves, en una reunión con líderes de la CNTE, los secretarios de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), Educación (Mario Delgado) y el director del ISSSTE (Martí Batres) presentaron una propuesta formal: fortalecer PENSIONISSSTE (la única Afore 100% pública) y crear una Aseguradora Pública especializada en el pago de pensiones. También reiteraron el compromiso de desaparecer la USICAMM, “escuela por escuela”. Rosa Icela fue clara: “Este gobierno no reprime, no amenaza”. Condenó la violencia y el vandalismo “venga de donde venga”, pero no anunció ninguna acción para liberar a los choferes secuestrados ni para recuperar las gasolineras tomadas.
La contradicción es insostenible. El gobierno ofrece mejoras pensionarias a través de una aseguradora pública mientras la CNTE secuestra trabajadores y regala combustible extraído de gasolineras que tomó por la fuerza. La presidenta Sheinbaum, que desde Coatzacoalcos reiteró que “no vamos a desalojar”, parece dispuesta a tolerar cualquier acción con tal de evitar las imágenes de una represión violenta a una semana del Mundial FIFA 2026. La CNTE lo sabe. Por eso presiona más. Porque sabe que el gobierno no responderá. El secuestro de los choferes no es un exceso de bases descontroladas. Es una estrategia calculada: utilizar trabajadores del transporte como escudos humanos para mantener bloqueadas las vialidades, forzando al gobierno a negociar en sus términos o a desalojar con el costo político que eso implicaría. Hasta ahora, el gobierno ha preferido tolerar el secuestro.
El Mundial arranca en seis días. El Fan Fest del Zócalo —cuyos accesos están bloqueados por las vialidades cerradas— sigue en el aire. Los choferes de Estrella de Oro y Costa Line siguen secuestrados. Las gasolineras de Chiapas fueron liberadas. Y el gobierno sigue sin actuar. La estrategia de “no caer en provocación” ha dejado de ser una decisión política para convertirse en una confesión de impotencia. Porque no es lo mismo no reprimir una protesta pacífica que tolerar el secuestro de trabajadores y la toma de instalaciones estratégicas. La frontera entre la protesta social y el delito se ha desdibujado. Y el gobierno, atrapado entre el Mundial y su propia narrativa, ha decidido no verla.
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