La CNTE levantó la huelga nacional sin obtener su demanda central: la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. En su lugar, la Sección 22 de Oaxaca recibió 800 millones de pesos; la CDMX, 4,294 plazas y 240 becas. El gobierno cedió al chantaje y pagó millones en recursos que los líderes magisteriales administrarán sin rendición de cuentas.

CDMX — La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este sábado el levantamiento de su huelga nacional. “No abandonamos la lucha, iniciamos una etapa de reorganización”, declaró Filiberto Frausto, secretario general de la Sección 34, al concluir tres semanas de protestas que paralizaron la Ciudad de México, afectaron el Mundial FIFA 2026, secuestraron choferes de autobuses, tomaron gasolineras y vandalizaron figuras del torneo. Pero el discurso de reorganización no oculta la realidad: la CNTE no logró su demanda central. La Ley del ISSSTE de 2007 sigue vigente. El sistema de cuentas individuales, que los maestros denuncian como injusto, no fue abrogado. Las pensiones de retiro de los docentes no mejoraron estructuralmente. En su lugar, el gobierno de Claudia Sheinbaum pagó un botín millonario para que el conflicto desapareciera.

El desglose de las concesiones es revelador. La Sección 22 de Oaxaca, la más numerosa y combativa, obtuvo 800 millones de pesos para “atender necesidades educativas y combatir el rezago”, según la minuta firmada por el secretario de Educación, Mario Delgado, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. El dinero, equivalente al presupuesto del ciclo escolar anterior, será administrado por los líderes sindicales sin mecanismos claros de transparencia. No hay rendición de cuentas pública sobre cómo se ejercerán esos recursos. La CNTE, que denunció la corrupción del sistema de pensiones, obtiene ahora un fondo millonario que controlará discrecionalmente.

La Sección 9 y 10 de la CDMX también obtuvo su parte: 4,294 plazas para maestros, 240 becas para hijos de profesores, un bono de 40 días para jubilados, el reintegro de descuentos por ausencias en el plantón, y la ampliación a 8 días de licencias para cuidar familiares enfermos. La Ceteg de Guerrero logró el compromiso de que los titulares de Educación y el ISSSTE acudan a Chilpancingo el próximo lunes para negociar recategorizaciones, estímulos de 100 mil pesos para jubilados y más presupuesto. Chiapas, atendida en una mesa tripartita en Segob, también se sumó al reparto. Cada sección recibió su botín. La demanda nacional, sin embargo, quedó en el olvido.

“Se evidenció la criminalización de la protesta en un país que se presume libre y democrático”, declaró Frausto. La frase busca enmarcar el levantamiento como una resistencia a un Estado represor, pero omite el hecho central: el gobierno no cedió en la demanda de fondo, sino que pagó el silencio. La CNTE, que durante tres semanas amenazó con que “no rodaría el balón” en el Mundial, que vandalizó las figuras del torneo y secuestró a choferes, aceptó el dinero y se retiró. El chantaje funcionó. La estrategia de presión —bloqueos, vandalismo, intimidación— demostró ser más efectiva para obtener recursos que para transformar el sistema de pensiones.

El gobierno de Sheinbaum, por su parte, cedió al chantaje. En lugar de resistir la presión y defender la sostenibilidad del sistema de pensiones, optó por comprar la paz. La decisión de fragmentar el conflicto en mesas estatales —Oaxaca, CDMX, Guerrero, Chiapas— permitió al gobierno negociar por separado y conceder a cada sección lo que pedía, evitando una confrontación nacional. Pero el costo es alto: 800 millones de pesos (solo a Oaxaca), 4,294 plazas, 240 becas, bonos, recategorizaciones y estímulos. El gobierno pagó para que la CNTE se retirara, pero no resolvió el problema de fondo. La Ley del ISSSTE de 2007 sigue en pie. Los maestros seguirán jubilándose con cuentas individuales. El gobierno, mientras tanto, ha legitimado el chantaje como método de negociación. La próxima vez que la CNTE quiera recursos, volverá a bloquear Reforma, a tomar gasolineras y a amenazar con detener el país. Y el gobierno, que ya demostró su disposición a ceder, volverá a pagar. El ciclo, como la historia reciente lo demuestra, se repetirá. Y los recursos públicos, administrados de forma opaca por los líderes magisteriales, seguirán fluyendo sin rendición de cuentas.

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