Este 1 de junio, mientras la CNTE vandalizaba la Torre del Bienestar y reiteraba el boicot al Mundial, la Comisión Permanente debatió la declaratoria de constitucionalidad del artículo 41: elecciones nulas por injerencia externa. Morena defendió la soberanía; PAN acusó protección a “narcopolíticos”; MC alertó de “arbitrariedades” e “ingobernabilidad”.
CDMX — La sesión de este lunes en la Comisión Permanente del Congreso mexicano transcurrió en paralelo a una jornada de alta tensión social. Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) vandalizaba la Torre del Bienestar en Paseo de la Reforma y anunciaba un cambio de estrategia —de huelga nacional a boicot al Mundial FIFA 2026—, los diputados discutían la “situación política del país”. El tema no era menor: la declaratoria de constitucionalidad del artículo 41, que establece la nulidad de elecciones federales o locales cuando se acrediten “actos contundentes de intervención o injerencia extranjera”. La reforma, impulsada por Morena, convirtió el debate en un campo de batalla sobre el rumbo del régimen.
El diputado Gilberto Herrera Solórzano (Morena) fue el encargado de plantar la bandera: “Defensa de la soberanía, sí; entreguismo, jamás”. Respaldó la declaratoria y recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum —“la soberanía vive en el territorio y en la información”— para advertir sobre “campañas de desinformación”. Su colega Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) celebró dos reformas históricas: la del Poder Judicial y la que impide la intervención extranjera en procesos electorales. “México es un país de primera y soberano”, sentenció. El discurso oficialista fue uniforme: blindar al país contra el exterior, consolidar la transformación, defender a la presidenta.
Pero la oposición no se quedó callada. El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) llevó el debate al terreno de los números: la deuda duplicada, el empleo estancado (55 por ciento de los mexicanos sin trabajo formal), la inflación imparable y unas finanzas que, dijo, “están quebradas”. Según Moreira, el 66 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión en seguridad. Su crítica más punzante apuntó a la hipocresía legislativa: la reforma constitucional sobre el salario mínimo profesional —votada por todas las fuerzas políticas en 2024 y avalada por la mayoría de los estados— sigue sin declaratoria de constitucionalidad. “No se hace porque está quebrado el país”, acusó.
El tono más alarmante llegó desde Movimiento Ciudadano. El diputado Gibrán Ramírez Reyes advirtió que la reforma que permite anular elecciones por “injerencia extranjera” deja “abierta la puerta a la mayor de las arbitrariedades”. Su razonamiento fue escalofriante: la interpretación queda en manos de magistrados a quienes, en la misma reforma, se les otorgó la reelección. “Se puede ir a parar a un momento de gran ingobernabilidad”, alertó. Y remató: “Mientras abren la puerta al fraude, cierran la puerta a los trabajadores”. La referencia era clara: la reforma salarial, congelada desde 2024, sigue sin ver la luz.
El PAN, por su parte, llevó el debate al terreno de la coherencia. La diputada Verónica Pérez Herrera dio una de las frases más lúcidas de la jornada: “Defender la soberanía nacional no significa proteger a los narcopolíticos; significa proteger a las y los ciudadanos, investigar a los criminales y que quien tenga vínculos con el crimen organizado enfrente la justicia, aunque sea de su color, aunque tenga fuero”. Acusó al gobierno de haber “confundido gobernar con narrar” y de creer que repetir una historia suficientes veces la vuelve realidad. Su colega Homero Ricardo Niño de Rivera Vela llamó a “serenarse” —“no hay tanques de guerra invadiendo”— y recordó que los acuerdos de extradición han funcionado por años. También señaló una contradicción incómoda: mientras Morena aprueba reformas contra la injerencia extranjera, la presidenta Sheinbaum interviene en las elecciones de Colombia.
El PT, aliado de Morena, subió la apuesta. La diputada Mary Carmen Bernal Martínez calificó de “antipatriotas y traidores a la patria” a quienes aceptan cualquier forma de injerencia. Y anunció una iniciativa concreta: juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por violar artículos constitucionales y del Código Penal Federal —“traición a la patria”—. La propuesta del PT no es retórica vacía. Vincula directamente el debate nacional sobre soberanía con el conflicto específico de Chihuahua, donde hace dos semanas ciudadanos bloquearon una marcha de Morena y recibieron a Andy López Beltrán con gritos de “¡Fuera Morena!”.
El debate en la Comisión Permanente reveló una fractura profunda. Morena y el PT ven enemigos externos —Estados Unidos, la “injerencia”, las “campañas de desinformación”— y blindan al régimen con herramientas jurídicas que pueden anular elecciones. La oposición (PAN, PRI, MC) ve un gobierno que utiliza la soberanía como escudo para proteger a sus propios funcionarios acusados —el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa flota sobre toda la discusión— mientras la economía se deteriora, la violencia no cede y las reformas que benefician a los trabajadores siguen congeladas. El dato de fondo, que ningún diputado mencionó pero que todos saben, es este: la reforma del artículo 41 no protege la democracia. La pone en suspenso, a disposición de quienes decidan qué es “injerencia extranjera” y cuándo es “contundente”.
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