Alberto Jorge Contreras Núñez ("Cholo"), exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa y uno de los diez acusados por el Distrito Sur de Nueva York, promovió un amparo para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la UIF. Es el primer acusado en hacerlo. La jueza Mariana Aramburo Rojo admitió la demanda pero rechazó la suspensión provisional. Contreras también tramita su retiro anticipado con una pensión de 67 mil pesos mensuales.
CDMX — El exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez —alias "Cholo" y uno de los diez funcionarios acusados por el Distrito Sur de Nueva York por presunta protección a "Los Chapitos"— se convirtió en el primer acusado en impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Contreras promovió un amparo ante la Jueza Cuarta de Distrito en Culiacán, Mariana Aramburo Rojo, quien admitió la demanda el 3 de junio de 2026 pero rechazó la suspensión provisional de las cuentas. Los bancos afectados son BBVA y Banorte. La audiencia para resolver sobre la suspensión definitiva fue aplazada para el 7 de julio. Contreras busca, además, retirarse de manera anticipada de su cargo con una pensión de 67 mil pesos mensuales, cuya autorización tramita el Congreso del estado de Sinaloa.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El amparo de Contreras es una acción legal defensiva. La reforma de octubre de 2025 a la Ley de Amparo limitó la capacidad de los jueces para conceder suspensiones contra los bloqueos de la UIF. Sin embargo, los jueces pueden permitir acceso restringido a las cuentas para satisfacer necesidades mínimas de los afectados. Contreras busca ese acceso restringido. Hasta ahora, ni la UIF ni los bancos han rendido sus informes justificados ante la jueza, lo que ha retrasado el proceso. La audiencia del 23 de junio fue aplazada al 7 de julio. La lentitud del proceso favorece a la UIF, que mantiene congelados los recursos de Contreras mientras el amparo avanza.
Contreras aparece en el indictment del Distrito Sur de Nueva York como el sucesor de Marco Antonio Almanza Avilés en la jefatura de la Policía de Investigación. Según la acusación, Contreras y Almanza recibían 16,000 dólares mensuales de Los Chapitos, y Contreras habría ordenado liberar a miembros del cártel que habían sido arrestados. Su nombramiento, según el documento, fue acordado por Los Chapitos con el gobernador Rubén Rocha Moya. Contreras no es un funcionario menor. Es una pieza clave del entramado de protección al Cártel de Sinaloa documentado en el indictment.
El contraste con otros acusados es notable. Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron voluntariamente a EE.UU. Marco Antonio Almanza Avilés intentó entregarse pero fue amenazado. Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez confían en la protección del gobierno mexicano. Contreras, en cambio, ha optado por la vía legal en México: impugnar el bloqueo de la UIF y tramitar su retiro anticipado. Es una estrategia defensiva que busca preservar sus recursos económicos mientras el proceso penal avanza. Su pensión de 67 mil pesos mensuales, si es aprobada, le garantizaría un ingreso independientemente de lo que ocurra con sus cuentas bloqueadas.
La UIF afirmó el 18 de mayo que la inclusión de Rocha Moya y sus coacusados en la lista de personas bloqueadas tuvo un carácter "estrictamente preventivo" y derivó de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Contreras no se ha declarado culpable ni ha aceptado los cargos. Su amparo es una defensa contra la medida preventiva, no contra la acusación penal. El hecho de que sea el primer acusado en impugnar el bloqueo sugiere que los demás —Rocha Moya, Inzunza, Gámez, Castro, etc.— han optado por no impugnar o no han hecho público su recurso. La estrategia de Contreras es individual. No hay una defensa coordinada entre los diez acusados.
El expediente NARCUS seguirá documentando la evolución del amparo de Contreras. La audiencia del 7 de julio será clave. Si la jueza Aramburo Rojo concede el acceso restringido a sus cuentas, Contreras podrá disponer de fondos para necesidades básicas. Si no, su situación financiera seguirá bloqueada. El caso de Contreras es un termómetro de la efectividad de las medidas de la UIF contra los presuntos narcopolíticos morenistas. Por ahora, el bloqueo se mantiene. Y Contreras, mientras tanto, espera su pensión de 67 mil pesos.
Fuente: Registros judiciales del amparo promovido por Alberto Jorge Contreras Núñez ante la Jueza Cuarta de Distrito en Culiacán, Mariana Aramburo Rojo (3 de junio de 2026). Acuerdo UIF 156/2026 (6 de mayo de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Expediente NARCUS, reportajes 43, 47, 53, 82, 90.
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