La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que la ciudadanía por nacimiento continúa vigente para todas las personas nacidas en territorio estadounidense, al rechazar una orden impulsada por Donald Trump que buscaba limitar ese derecho constitucional.
EE.UU. — La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió mantener la aplicación de la ciudadanía por nacimiento para todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la condición migratoria de sus padres. Con una votación de seis votos contra tres, el máximo tribunal rechazó la orden ejecutiva promovida por el presidente Donald Trump en 2025, que pretendía restringir este derecho a hijos de inmigrantes en situación irregular o con visas temporales.
El fallo corresponde al caso Trump contra Barbara, considerado uno de los litigios más relevantes sobre la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. La resolución mantiene vigente el criterio constitucional que, desde hace más de un siglo, reconoce la ciudadanía automática a quienes nacen dentro del territorio nacional, con base en la cláusula de ciudadanía contenida en esa enmienda.
Aunque la decisión representa un revés para la administración de Donald Trump, legisladores republicanos anunciaron que continuarán impulsando cambios por la vía legislativa. Entre las propuestas figura la Ley de Ciudadanía por Derecho de Nacimiento, promovida por el representante Brian Babin y el senador Lindsey Graham, la cual busca modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para limitar la ciudadanía automática a menores con al menos uno de sus padres ciudadano estadounidense, nacional, residente permanente legal o integrante de las Fuerzas Armadas con residencia permanente.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que la expresión "sujeta a su jurisdicción", incluida en la Decimocuarta Enmienda, admite una interpretación más limitada. Sin embargo, con la resolución emitida este martes, la Corte Suprema preservó la interpretación constitucional vigente, por lo que la ciudadanía por nacimiento continúa aplicándose en todo el país mientras no exista una reforma aprobada por el Congreso o un nuevo criterio judicial.
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