Habitantes de Santa María La Alta, comunidad nahua de Tlacotepec de Benito Juárez, bloquearon la carretera federal Tehuacán-Puebla y mantienen tomada la presidencia municipal para exigir la entrega de recursos federales que nunca llegaron. La razón es criminal: el alcalde Martín Camargo de la Peña registró a la localidad con 1,022 habitantes cuando el INEGI censó 7,812. Siete mil personas desaparecidas del papel para que el dinero se quedara en las arcas municipales. Siete mil almas que no existen en los documentos, pero que existen en la tierra, en las casas y en el hambre.

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. — En Santa María La Alta, el censo es un arma de doble filo. Los números que el INEGI levantó en 2020 son claros: 7,812 habitantes viven en esta comunidad nahua. Pero el gobierno municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, encabezado por Martín Camargo de la Peña, decidió que la realidad no le convenía. Así que la borró. En los documentos oficiales que determinan el reparto de participaciones federales, Santa María La Alta aparece con apenas 1,022 personas. Una diferencia de casi siete mil seres humanos. Siete mil bocas que comen, siete mil cuerpos que necesitan agua, siete mil personas que aportan al país pero que el alcalde decidió que no merecen los recursos que les corresponden.

El bloqueo de la carretera federal Tehuacán-Puebla, a la altura del paraje conocido como La Virgen, es la expresión de una comunidad que ya no cree en las palabras. Los habitantes llevan meses reclamando la entrega de recursos federales que, aseguran, nunca han visto. El lunes, en una mesa de diálogo con el alcalde y representantes de Gobernación regional, no hubo acuerdos. Camargo, fiel a su estilo de soberbia institucional, se negó a resolver el conflicto. La respuesta de la comunidad fue contundente: la presidencia municipal ya está tomada desde el lunes y este martes sumaron el bloqueo carretero.

El subregistro poblacional no es un error administrativo. Es una maniobra deliberada que reduce el monto de las participaciones federales que la comunidad recibe. Menos habitantes, menos dinero. El dinero que no llega a Santa María La Alta se queda en las arcas municipales. ¿A dónde va? Esa es la pregunta que Camargo no quiere responder. Los ciudadanos exigen la intervención del Gobierno del Estado para que revise la documentación y obligue al alcalde a entregar lo que por derecho les pertenece. Pero el alcalde, ese mismo que se declaró "intocable" y presumió su amistad con el gobernador, sigue sin dar la cara.

La diferencia entre 1,022 y 7,812 no es un margen de error. Es una sentencia de pobreza para una comunidad indígena que ya carga con el estigma del abandono histórico. La discriminación, en este caso, no es un discurso: es un número en un papel que el alcalde firmó y selló. Es la prueba de que Camargo no solo retiene recursos, los roba antes de que lleguen. Porque cuando una comunidad aparece subregistrada, lo que ocurre es un despojo silencioso, burocrático, eficaz. Y este despojo no lo comete un ladrón común, lo comete el presidente municipal que debería proteger a sus gobernados.

El gobierno estatal ya envió personal a la presidencia municipal de Tlacotepec para una nueva mesa de diálogo. Pero los habitantes de Santa María La Alta han dejado claro que no levantarán el bloqueo ni abandonarán el ayuntamiento hasta que Camargo les entregue lo que les pertenece. La pregunta es si el gobernador Alejandro Armenta intervendrá con la fuerza que merece el caso o si permitirá que su "amigo" siga jugando con los números como si fueran piezas de un juego de mesa.

Siete mil personas no existen para el gobierno municipal. Pero están ahí, en la carretera, en las escaleras del ayuntamiento, en las pancartas que exigen justicia. No son fantasmas. Son ciudadanos que decidieron ser contados, aunque su alcalde los haya borrado del mapa fiscal. Martín Camargo puede presumir su amistad con el gobernador, pero la amistad no paga las obras. Y la comunidad ya no espera: bloquea, toma, exige. Porque cuando el gobierno falla, solo queda la calle.

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