Israel Alejandro Valdez Sánchez denunció en video que Américo Villarreal Santiago, delegado de Bienestar e hijo del gobernador de Tamaulipas, le exigió 110 millones de pesos para operación política en Coahuila y Tamaulipas. Tras negarse, perdió contratos de despensas y sufre acoso. El funcionario y su padre habrían perdido la visa estadounidense.
Coahuila/Tamaulipas. — La extorsión, según el testimonio del empresario, se originó después de que su empresa obtuviera la adjudicación de un contrato para la distribución de despensas a través de la Secretaría de Bienestar. Lo que vino después fue una exigencia que, de acuerdo con la denuncia pública, provenía directamente de la cúpula de la 4T en Tamaulipas. El denunciante asegura que Américo Villarreal Santiago, delegado de Bienestar, esposo de la senadora morenista Cecilia Guadiana Mandujano e hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, le reclamó 80 millones de pesos para asegurar posiciones dentro de la estructura local y 30 millones adicionales para dispersarlos a nivel estatal.
“Sí me pegaron en el bolsillo. Pero donde más me duele es en mi entorno familiar. Quebraron la tranquilidad de mis hijos, de mi esposa. Hoy en día mi familia vive con angustia”, declaró Valdez Sánchez en el video difundido como parte de su acusación pública. El empresario tamaulipeco relató que, tras negarse a pagar el “moche” irregular, su empresa comenzó a sufrir cancelaciones sistemáticas de contratos, retención de pagos y un cerco financiero que lo está asfixiando. La exigencia, añadió, tenía como propósito apuntalar la operación política de la 4T en Coahuila, así como el fortalecimiento de la agrupación “Avanzada Tamaulipeca” en su estado natal.
El caso se suma a un clima de creciente presión sobre la familia Villarreal. En días recientes trascendió que el gobernador Américo Villarreal Anaya habría perdido su visado para ingresar a Estados Unidos, supuestamente a raíz de una investigación en curso por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Parcialmente, surgió la información de que su hijo, Américo Villarreal Santiago, también habría sido despojado de su visa. Las autoridades migratorias estadounidenses no han confirmado ni desmentido oficialmente estas versiones, pero el silencio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México ha alimentado las especulaciones.
La denuncia por extorsión, hasta ahora unilateral, no ha recibido respuesta pública por parte del delegado de Bienestar ni del gobierno estatal. Valdez Sánchez asegura que su negativa al pago desencadenó represalias directas desde la estructura de Bienestar, dependencia que opera bajo los lineamientos de los programas sociales del gobierno federal. “Me cancelaron todo. Lo que habían firmado, lo echaron para atrás”, sostiene el empresario en su testimonio. El contrato para la distribución de despensas, que inicialmente le había sido adjudicado, fue anulado sin explicación clara.
La acusación expone nuevamente los riesgos de la concentración de poder familiar en cargos públicos. Mientras el padre gobierna Tamaulipas, el hijo opera como delegado federal de Bienestar en la misma entidad, y la nuera —Cecilia Guadiana Mandujano— se desempeña como senadora de Morena. Los denunciantes de actos de corrupción o abuso de autoridad enfrentan, en este esquema, una estructura de poder que controla tanto los recursos estatales como los federales. Valdez Sánchez lo resumió con una frase: “Me pegaron en el bolsillo, pero donde más duele es en mi familia”.
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