Padres de familia bloquearon la carretera federal Amozoc-Acajete para exigir el cierre de un inmueble donde presuntamente se almacena de forma ilícita gas LP, luego de una fuga en inmediaciones del jardín de niños Nezahualcóyotl, en la junta auxiliar de San Agustín Tlaxco. Protección Civil controló el escape pero facilitó el traslado de al menos 25 cilindros a otra propiedad, según testigos, mientras el presidente auxiliar Rogelio Cano permanece sin respuesta. Vecinos y padres exigen investigación por huachigás y riesgo a menores.
ACAJETE, PUEBLA. — El olor a gas no se disipa en San Agustín Tlaxco. Tampoco la indignación. Desde la mañana del 29 de junio, padres de familia del jardín de niños Nezahualcóyotl y de una secundaria cercana decidieron que era suficiente: bloquearon la carretera federal Amozoc-Acajete con pancartas y la convicción de quienes han perdido la confianza en las instituciones. La chispa fue una fuga de gas en un inmueble vecino al plantel, pero el incendio de fondo es el almacenamiento ilícito de gas LP, ese negocio redondo conocido como huachigás que las autoridades miran, cuando mucho, de reojo.
El 911 atendió el reporte. Protección Civil llegó, controló la fuga, cumplió con el expediente. Pero entonces ocurrió lo que los vecinos ya intuyen como el guion habitual: los elementos de emergencia, en lugar de clausurar el sitio, apoyaron al propietario para cargar al menos 25 cilindros de gas en una camioneta Lincoln negra y trasladarlos a otra propiedad. Los testigos lo vieron. Lo grabaron. Y lo contaron con la amargura de quien sabe que el sistema opera en favor del que tiene los tanques, no del que respira el aire contaminado.
"Sí tiene permisos", les dijeron los agentes. Pero cuando los padres pidieron verlos, los papeles no aparecieron. No los mostraron. No hubo documento que respaldara la afirmación. Solo la promesa vacía de una autoridad que actúa como escolta de un negocio que huele a complicidad. Los vecinos saben que el huachigás no es un delito menor: es una industria paralela que opera en los márgenes de la ley, alimentada por la omisión y, en ocasiones, por la participación activa de funcionarios que deberían velar por la seguridad.
Frente al inmueble, a unos pasos de los niños que entran y salen del jardín, los padres decidieron que el bloqueo era la única moneda de cambio. Sin respuesta del presidente auxiliar Rogelio Cano, la carretera federal Amozoc-Acajete se convirtió en un punto de presión. Exigen el cierre del sitio, una investigación a fondo y, sobre todo, que alguien asuma la responsabilidad de proteger a los menores. No piden mucho: solo que el riesgo no se normalice.
Mientras tanto, los cilindros viajaron a otra propiedad, propiedad de familiares del mismo dueño. El problema no se resolvió: se desplazó. Y la pregunta que los padres dejan en el asfalto, entre bocinazos y consignas, es incómoda: ¿cuántos niños tienen que inhalar gas antes de que alguien decida actuar? ¿Cuántas fugas más?
El bloqueo se mantiene. La autoridad calla. El gas, ese olor que nadie debería normalizar, sigue siendo una amenaza latente para los estudiantes de Nezahualcóyotl. En Acajete, la emergencia no es la fuga: es la indiferencia institucional que permite que el huachigás eche raíces mientras los niños juegan a unos metros.
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