Este lunes, el gobierno de Claudia Sheinbaum reveló que restituir el sistema solidario de pensiones previo a 2007 —demanda central de la CNTE— costaría 7 billones de pesos (20% del PIB). Martí Batres calificó la exigencia de inviable. Mientras tanto, Mario Delgado presumió 23,675 millones de pesos en apoyos solo para Oaxaca. La CNTE cumple ocho días de plantón.
CDMX — El lunes 8 de junio, a tres días del inicio del Mundial FIFA 2026 y con la Ciudad de México parcialmente paralizada por octavo día consecutivo, el gobierno de Claudia Sheinbaum soltó una cifra que busca cambiar los términos del debate con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El director general del ISSSTE, Martí Batres, afirmó que restituir el sistema solidario de pensiones que existía antes de 2007 —la demanda central del magisterio disidente— tendría un costo de 7 billones de pesos. Equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto nacional. “El Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos, que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario”, sentenció Batres. La cifra es tan descomunal que parece diseñada para clausurar cualquier expectativa de una concesión en el corto plazo.
Batres argumentó que no se puede simplemente “abrogar” (dejar sin efecto) la Ley del ISSSTE de 2007 porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen: “cada una de ellas tiene un titular, un dueño”. La CNTE exige la abrogación de esa ley para regresar a un sistema público, solidario e intergeneracional de pensiones. Pero el gobierno, en lugar de ceder a esa demanda, propone nuevamente fortalecer PENSIONISSSTE (la única Afore 100% pública) y crear una aseguradora pública que complemente el sistema de retiro. Batres defiende que esta alternativa permitiría ampliar gradualmente el peso de las instituciones públicas sin poner en riesgo la viabilidad financiera del Estado. La CNTE, sin embargo, ya había calificado esta propuesta como “insuficiente”. “Permanece el esquema de cuentas individuales”, reprochó el líder zacatecano Filiberto Frausto. El abismo entre ambas posturas no se ha reducido ni un milímetro.
Mientras Batres plantaba la bandera de la inviabilidad fiscal, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presumía desde la mañanera un recuento de concesiones que busca demostrar que el gobierno ya ha hecho más que suficiente. Solo para los maestros de Oaxaca —bastión de la CNTE y uno de los contingentes más numerosos en el plantón del Centro Histórico— el gobierno federal ha entregado apoyos que rebasan los 23,675 millones de pesos. La cifra incluye becas, incrementos salariales, equipo de cómputo, uniformes, mobiliario escolar, infraestructura educativa, recursos para “La Escuela es Nuestra” y apoyos extraordinarios. “Ha habido una atención muy importante al estado de Oaxaca, que es la mayoría de los maestros que están ahora en el plantón”, afirmó Delgado. Su mensaje fue implícito pero claro: ya les hemos dado miles de millones, y aún así están en las calles.
El secretario de Educación también presumió logros que, en cualquier otro contexto, serían motivo de celebración sindical. La abrogación de la reforma educativa de 2013 —una de las principales exigencias históricas de la CNTE— ya ocurrió. Las evaluaciones vinculadas a la permanencia de los maestros fueron eliminadas. El salario promedio docente pasó de 11,952 pesos al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador a una proyección de 20,351 pesos durante la actual administración, con aumentos del 10% en 2025 y 9% en 2026. Más de 1.2 millones de maestros han sido basificados entre 2018 y 2026. La presidenta Sheinbaum mantiene el compromiso de desaparecer la USICAMM, otra demanda central de la CNTE. Delgado destacó que se han realizado 75 mil cambios de centro de trabajo con base en antigüedad. Y sumó más de 51 reuniones con organizaciones magisteriales.
La exposición de Delgado ocurrió mientras la CNTE mantenía bloqueos en Reforma, Insurgentes, Bucareli y Juárez, con el Centro Histórico parcialmente tomado y la amenaza de boicot al Mundial aún vigente. La contradicción es insostenible: el gobierno presume haber dado miles de millones y concedido demandas históricas, pero la CNTE no se retira. La razón es simple: la demanda central —la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y el regreso a un sistema solidario de pensiones— sigue sin respuesta. Batres acaba de decir que restituir ese sistema costaría 7 billones de pesos, una cifra que el gobierno considera inviable. La CNTE ya había advertido que no acepta la propuesta de PENSIONISSSTE como sustituto. El gobierno ofrece parches; la CNTE exige un cambio estructural. El abismo es de 7 billones de pesos.
A tres días del Mundial, la estrategia del gobierno parece ser mostrar músculo financiero (no podemos, cuesta 7 billones) y muscularidad concesiva (ya les hemos dado 23,675 millones solo a Oaxaca). El mensaje a la opinión pública es: la CNTE pide lo imposible, y nosotros ya hemos hecho lo posible. El mensaje a la CNTE es: no obtendrán la restitución del sistema solidario, tomen lo que les ofrecemos o sigan en las calles. La Coordinadora, por su parte, ya advirtió que “conforme nos acerquemos al 11 de junio, habrá mayor presión”. El pulso entra en sus horas más críticas. El gobierno dice que no puede pagar 7 billones. La CNTE dice que no aceptará un sistema de cuentas individuales. El Mundial, mientras tanto, se acerca. Y las calles del Centro Histórico siguen tomadas.
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