El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, encabezó una mesa de diálogo con la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, y los 8 regidores. Participó la fiscal Idamis Pastor Betancourt. Se acordaron reuniones frecuentes y coordinación intergubernamental.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. — El conflicto político que mantuvo en vilo a Acatlán de Osorio durante semanas encontró una salida institucional. El secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, encabezó una mesa de diálogo con la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, y los ocho regidores del ayuntamiento, logrando acuerdos que permiten avanzar en la gobernabilidad del municipio mixteco. La reunión contó con la presencia de la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, así como representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Bienestar estatal.
La mesa de diálogo puso fin a una crisis que incluyó la toma del Palacio Municipal durante 48 horas, amenazas del grupo delictivo “Los Rojos” contra la alcaldesa, una solicitud de protección personal, y el boicot de los regidores a una mesa de diálogo previa. En esta ocasión, los ocho regidores, el síndico municipal y la presidenta acudieron al llamado de la Secretaría de Gobernación y expusieron sus principales inquietudes. El resultado fue un compromiso conjunto para trabajar a favor del progreso de Acatlán.
Entre los acuerdos más relevantes se determinó la realización de reuniones frecuentes entre el cuerpo edilicio y las autoridades estatales, con el objetivo de reforzar el trabajo de cada funcionario y fortalecer la comunicación y coordinación con los tres órdenes de gobierno. La Fiscalía General del Estado, representada por Idamis Pastor, estuvo presente para atender los temas de seguridad que han afectado al municipio, incluyendo las amenazas que la propia alcaldesa denunció y que motivaron su solicitud de protección personal.
La intervención de la Secretaría de Bienestar en la mesa fue porque no sólo se abordaron los temas de seguridad y gobernabilidad, sino también las necesidades sociales y de desarrollo de Acatlán de Osorio, una región históricamente marginada y ahora golpeada por la violencia y la fractura política. El gobierno estatal dejó claro que no habrá vacíos de poder y que la ley se aplicará si hay responsabilidades, pero apostó por la conciliación como vía principal para resolver el conflicto.
La crisis de Acatlán de Osorio expuso la fragilidad de los gobiernos locales frente al crimen organizado y las fracturas internas. Las amenazas de “Los Rojos”, la toma del palacio municipal y el boicot político pusieron a prueba la capacidad de respuesta municipal del gobierno de Alejandro Armenta Mier. La resolución de esta mesa de diálogo, con la participación de todas las partes, representa un respiro para el municipio, pero también un precedente: el crimen organizado ya logró intimidar a una autoridad municipal y desestabilizar su gobierno. Queda por ver si los acuerdos se cumplen y si la presidenta Bárcenas gobierna sin corrupción y si mantiene la protección necesaria para gobernar sin sombra de amenaza.
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