Hay una pregunta que los estatutos de Morena no responden: ¿quién manda en el partido?
La semana pasada, Morena Puebla anunció la incorporación de Pablo Salazar Vicentello como coordinador de delegados del partido rumbo a 2027. El cargo es honorífico. Sin sueldo. Lo mismo aplica para Claudia Hernández, quien colaborará bajo el mismo esquema. Dos nombres, dos trayectorias, un patrón.
Salazar Vicentello venía de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del estado, bajo el mando directo de Samuel Aguilar Pala. Hernández salió de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal. Ninguno es cuadro morenista de carrera. Ninguno es consejero estatal de Morena. ¿Esto los inhabilita para ocupar de facto la dirigencia? Ambos responden, en sus trayectorias documentadas, a Alejandro Armenta Mier y a nadie más.
El esquema "honorífico" no es un detalle administrativo. Es la arquitectura. Un cargo sin sueldo no activa las obligaciones de renuncia al cargo público ni obliga a declarar conflicto de interés. Salazar puede seguir en la órbita de Gobernación mientras opera en la estructura del partido. Hernández puede seguir siendo los ojos y oídos del gobernador dentro de Morena sin que ningún reglamento interno lo impida formalmente. Doble vínculo, cero costo burocrático en apariencia.
No es la primera vez que este movimiento ocurre en Puebla. En 2008, cuando Armenta presidía el Comité Directivo Estatal del PRI, Claudia Hernández era su secretaria general. Hoy la misma dupla, distinto nombre en la fachada. Dieciocho años después, el partido cambió, el juego de poder no.
La voz contraria diría que esto es operación política normal: un gobernador que impulsa candidaturas de su partido necesita estructura territorial, y si el partido no se la garantiza, la construye. Que no hay nada oculto cuando el propio partido lo anuncia en sus redes. Que "honorífico" es una forma legítima de sumar cuadros sin cargar la nómina.
Es un argumento razonable hasta que se observa por qué es necesario. La estructura electoral formal de Morena en Puebla —los Coordinadores Operativos Territoriales, los afiliadores, los credencializadores— la controla César Addi Sánchez Salinas, coordinador estatal de Organización, incondicional de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel Reyes. El predecesor de Salazar en la coordinación de delegados, José Miguel Trujillo de Ita, fue removido precisamente por no lograr cooptar esa red. La misión de Salazar no es construir algo nuevo. Es penetrar algo que ya existe y que no responde al gran elector.
Eso es lo que conecta este movimiento con el sistema documentado en columnas anteriores. Cuando el instrumento disponible no funciona, no se confronta: se sustituye. Así operó el control sobre medios de comunicación —dádivas, luego bots, luego asfixia, luego embestida judicial, luego compra, luego director enviado. Así opera ahora dentro del propio partido: estructura formal que no obedece, estructura paralela que sí obedece, personal del gobierno del estado como bisagra entre ambas.
Lo que queda abierto es si el movimiento funciona. Trujillo de Ita fracasó. Salazar llega con más respaldo institucional —viene de Gobernación, no de un perfil menor— pero el obstáculo es el mismo: una red de más de trescientos mil afiliados construida desde la organización nacional del partido, con lealtades que no pasan por la oficina de Armenta.
La sesión ordinaria del Consejo Estatal de Morena, convocada para el sábado 7 de junio, no se realizó. Se prevé para las próximas semanas. Será la primera medición visible de cuántos de los 150 consejeros responden a qué estructura. El gran elector ya colocó sus fichas. Falta saber si el tablero le pertenece.
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