Habitantes de Santa María La Alta y San Marcos Tlacoyalco tomaron la presidencia municipal de Tlacotepec de Benito Juárez para exigir al alcalde Martín Camargo los recursos del 2026 que les ha retenido. El edil, en un gesto de soberbia que ya es marca registrada en los municipios poblanos, se declaró "intocable" y presumió su amistad con el gobernador mientras los indígenas nahuas esperan en el zócalo que alguien, por fin, les haga caso.

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. — En Tlacotepec de Benito Juárez, la paciencia se agotó y el ayuntamiento cambió de dueño. No por elección, sino por necesidad. Habitantes de comunidades nahuas como Santa María La Alta y San Marcos Tlacoyalco tomaron la presidencia municipal para exigirle al alcalde Martín Camargo de la Peña que entregue los recursos que les corresponden del 2026. Pero el edil, en lugar de rendir cuentas, se atrincheró en la arrogancia: se declaró "intocable" y presumió ser amigo del gobernador. Como si la amistad con el poderoso de turno fuera un escudo contra la justicia, pero también contra la dignidad de un pueblo que ya no soporta el ninguneo.

La escena es tan antigua como el país: comunidades indígenas que aportan territorio, mano de obra y silencio, y que reciben a cambio el abandono institucional. Santa María La Alta, San Marcos Tlacoyalco y otras localidades han sido sistemáticamente rezagadas del "desarrollo municipal" que Camargo presume en sus informes. El recurso del 2026 —dinero etiquetado para obras, para agua, para caminos— no ha llegado. Y cuando las comunidades preguntan, el alcalde responde con la única moneda que maneja: la desidia disfrazada de poder.

La toma del ayuntamiento no fue un arrebato. Fue la última escala de una ruta de desesperación. Los manifestantes, en su mayoría hablantes de náhuatl, llegaron con pancartas y consignas claras: transparencia, auditoría y la entrega inmediata de los fondos que les pertenecen. Pero el mensaje de fondo es más profundo: "Nos discriminan, nos abandonan". No piden caridad, piden lo que la ley les garantiza. Y Camargo, en su burbuja de influencias, se niega a verlos.

El alcalde se declaró "intocable". Una palabra peligrosa en boca de un funcionario público, porque sugiere que hay toques que no se pueden dar, que hay investigaciones que no se pueden hacer, que hay críticas que no se pueden escribir. ¿Intocable gracias al gobernador? ¿Intocable porque las autoridades superiores le deben un favor? La frase, más que una declaración, es una confesión. Camargo no está diciendo que es honesto; está diciendo que el sistema lo protege. Y eso, en una democracia que se pretende viva, es una amenaza.

Mientras los comuneros nahuas ocupan el ayuntamiento y esperan una respuesta que no llega, el gobierno estatal de Puebla observa en silencio. ¿Acaso la amistad con el gobernador de la que presume Camargo implica que las instituciones estatales le darán la espalda a las comunidades indígenas? La pregunta es incomoda, pero necesaria. Porque si el alcalde es intocable, entonces la auditoría es un chiste, la transparencia es una farsa y los recursos públicos son monedas de cambio en el mercado de los favores políticos.

En Tlacotepec de Benito Juárez, los relojes corren en dos direcciones: el de los indígenas que esperan justicia y el de Camargo que cuenta los minutos para que la protesta se disipe y todo vuelva a la normalidad. Pero la normalidad, para las comunidades nahuas, es el abandono. Y el abandono ya no es una opción. Martín Camargo puede presumir amigos poderosos, pero los amigos no pagan las obras. Los amigos no construyen caminos. Los amigos no garantizan agua potable. Los amigos, como bien sabe el alcalde, desaparecen cuando el escándalo toca la puerta.

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