ASUNTOS DE ESTADO
El 11 de junio de 2026, mientras los ojos del planeta se posaban sobre el Estadio Ciudad de México para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México registraba en su agenda oficial nueve marchas, 26 concentraciones masivas y dos rodadas ciclistas. Maestros, estudiantes universitarios, madres buscadoras, campesinos, transportistas, pensionados, trabajadores de la salud y colectivos de derechos humanos convirtieron el escaparate deportivo más grande del planeta en el escenario involuntario de una crisis de gobernabilidad que el gobierno de Claudia Sheinbaum no logró contener ni con concesiones millonarias ni con operativos policiales. Días después del pitazo inicial, ninguna de esas inconformidades ha desaparecido. Todas siguen activas. Y todas apuntan en la misma dirección.
Lo que ocurrió el día inaugural no es la suma de varias crisis paralelas. Es la expresión pública de un fenómeno que los datos del Expediente Cambio de Régimen (Región Global-Mexconomy), documentan con precisión: una acumulación sistémica de inconformidades distribuidas que no comparten agenda, liderazgo ni financiamiento, pero que convergen en un solo blanco institucional. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegó al Mundial tras once días de plantón indefinido en Reforma e Insurgentes, vandalismo en la Torre del Bienestar y en las figuras decorativas del torneo, toma de 13 gasolineras en Chiapas donde se regaló combustible a los automovilistas, secuestro de choferes de autobuses y un ultimátum sin ambigüedades: "Si no hay solución, no rodará el balón". El gobierno respondió con 36 mil millones de pesos en aumentos salariales, 800 millones en basificación y 23 mil 675 millones adicionales destinados solo a Oaxaca. Claudia Sheinbaum se negó a recibirlos en persona. Martí Batres, Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez negociaron en su lugar. El resultado fue la consolidación de una lógica que el resto de los actores en conflicto observa con atención: en el México de la Cuarta Transformación, la capacidad de generar caos determina la velocidad de las concesiones, no la legitimidad del agravio.
Ese principio no opera solo en el magisterio. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrastra desde enero de 2026 uno de los conflictos estudiantiles más sostenidos del año. Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Medicina y otros planteles denunciaron una crisis marcada por recortes presupuestales, deterioro de infraestructura, reactivos faltantes, equipos obsoletos y presuntas irregularidades en el manejo de recursos derivadas de la eliminación de los fideicomisos y la creación de una nueva fundación bajo control político. Los estudiantes bloquearon el cruce de Circuito Interior y calzada México-Tacuba, tomaron el estacionamiento de Canal Once impidiendo el acceso a empleados del canal, marcharon frente a la SEP exigiendo la destitución inmediata del director general Arturo Reyes Sandoval, y esperaron durante horas una respuesta que no llegó: el secretario de Educación Mario Delgado los dejó plantados el 27 de mayo mientras las escuelas de Medicina y Ciencias Biológicas se sumaban al paro. La advertencia del movimiento politécnico fue explícita: si el gobierno no respondía, el conflicto llegaría a los estadios del Mundial. El gobierno tampoco respondió a tiempo.
A 400 kilómetros de la capital, Puebla registró entre marzo y mayo de 2026 seis marchas consecutivas contra el proyecto del Cablebús impulsado por el gobernador Alejandro Armenta. Más de 30 colectivos ciudadanos, ambientalistas, académicos y jóvenes universitarios de la BUAP se movilizaron bajo la consigna "No es progreso, es ecocidio", exigiendo la cancelación de una obra de casi siete mil millones de pesos que, según sus propios análisis, atendería apenas entre el 2 y el 3 por ciento de las necesidades reales de transporte en la ciudad. El caso poblano no tiene conexión temática con la CNTE ni con el IPN. Lo que comparte con ellos es únicamente la percepción de que las instituciones no responden al ciudadano que no tiene capacidad de bloquear una carretera.
El patrón se extiende por el mapa. En Chihuahua, una marcha de Morena convocó apenas dos mil 500 personas, el uno por ciento del aforo esperado, mientras ciudadanos confrontaban directamente a los participantes. Andy López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente, fue recibido en el aeropuerto local con consignas de rechazo. En San Luis Potosí, tres periodistas fueron detenidos por reenviar un video de inteligencia artificial sobre el gobernador Ricardo Gallardo. Artículo 19 denunció poderes judiciales capturados por el poder político. Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron hostigamiento con perros en la caseta de Tlalpan, bloquearon la Autopista México-Cuernavaca y anunciaron protesta conjunta con la CNTE. El SINTCOP, sindicato independiente del Colegio de Postgraduados, lleva un año esperando una respuesta sobre 180 plazas congeladas. Los transportistas de la ANTAC exigen seguridad en carreteras y cambios regulatorios. Los campesinos denuncian que el campo fue relegado. Los trabajadores sindicalizados del sector aéreo amagan con huelga. El Comité 68 marchó el 10 de junio para conmemorar el 55 aniversario del Halconazo. Artículo 19 activó la Red Rompe el Miedo en las 32 entidades ante el riesgo de represión policial durante el torneo.
Lo que distingue este ciclo de las protestas previas no es su intensidad sino su naturaleza y su horizonte. Las movilizaciones de la Generación Z mexicana en 2025 fueron protagonizadas por jóvenes que exigían oportunidades: acceso a la educación, movilidad social, un horizonte de futuro. El conflicto del IPN ya es cualitativamente distinto: los estudiantes no reclaman un mañana abstracto, reclaman condiciones de estudio funcionales hoy. Lo que se aproxima para el conjunto de la generación es más profundo aún: empleo formal, seguridad en sus colonias, servicios de salud accesibles, opciones de vida concretas en una economía que creció apenas 0.6% en 2025 según el INEGI, y que enfrenta un entorno externo adverso. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está en proceso de revisión formal en 2026, con presión arancelaria activa y sin fecha de resolución. La combinación de estancamiento interno y vulnerabilidad externa cierra el espacio de maniobra que cualquier gobierno necesita para comprar tiempo social.
El Modelo de Cambio de Régimen (MCR) elaborado por Mexconomy / HCS ofrece el marco cuantitativo para leer esta trayectoria. En escenario base con datos reales de 2025, la probabilidad de una segunda reclasificación autoritaria verificable es de apenas 0.04% anual. Pero el modelo advierte que el dato relevante no es la probabilidad puntual sino su trayectoria bajo estrés. La variable de mayor impacto es la polarización política, X₆ en el modelo, el único factor controlado directamente por decisiones de gobierno, y está en ascenso documentado desde Chihuahua hasta la narrativa soberanista construida por Sheinbaum para blindar al gobernador Rubén Rocha Moya, acusado formalmente por el Distrito Sur de Nueva York junto a otros nueve funcionarios de Sinaloa por conspiración con el Cártel de Sinaloa. La aprobación presidencial cayó del 80 al 59 por ciento en 14 meses según la encuesta Becerra / Latinus, y el 68 por ciento de los mexicanos cree que la presidenta está perdiendo el control del país. Bajo el escenario de crisis institucional moderada del MCR, la probabilidad anual sube al 0.33%. Bajo el escenario de crisis diplomática total más conflicto electoral 2027, alcanza el 2.07%. Una probabilidad anual del 2% equivale, acumulada en cinco años, a entre el 10 y el 11 por ciento, zona de alerta según la literatura del V-Dem Institute sobre autocratización de tercera ola.
El calendario convierte esa trayectoria en riesgo acumulado con fechas precisas. En 2027 se elegirán gobernadores, congresos locales y gobiernos municipales en la mayor parte del país. En 2028 llegará la elección judicial pendiente en los estados, derivada de la reforma que ya provocó huelgas y bloqueos del Poder Judicial Federal en 2024. En 2030, la presidencial. Tres citas electorales en cuatro años, todas atravesadas por el mismo ciclo que el expediente documenta: protesta social sin resolución, polarización política en ascenso, economía estancada y presión externa sostenida desde Washington en forma de acusaciones del Departamento de Justicia, revisión del T-MEC y señalamientos sobre narcopolítica. El gobierno de Sheinbaum llegó al Mundial con la estrategia de posponer. El Mundial dura semanas. Las razones de la inconformidad llevan años acumulándose, y ninguna desaparece cuando el balón deja de rodar.
0 Comentarios