Una auditoría interna de Finabien reveló que el CEN de Morena, bajo la gestión de Mario Delgado, contrató al organismo público para dispersar 252 mil apoyos sociales entre 2022 y 2024. Morena pagó 3.5 millones de pesos en comisiones, pero no reportó el contrato al INE, y la auditoría detectó cobros excesivos, falta de control antilavado y depósitos en cuentas no pactadas.

CDMX — El Comité Ejecutivo Nacional de Morena recurrió a la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar hasta 252 mil 901 pagos bajo el concepto de “apoyos sociales” en todo el país, entre el 1 de junio de 2022 y el 28 de junio de 2024 —semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum resultó electa presidenta. Ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena contemplan entre las atribuciones de los partidos el pago de apoyos sociales, por lo que el acuerdo, firmado durante la gestión de Mario Delgado, podría haber incurrido en una ilegalidad, de acuerdo con expertos consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contrato, identificado con la clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, fue extendido mediante un convenio modificatorio y finalmente cerrado el 28 de junio de 2024. Sin embargo, Morena no reportó el acuerdo ni los pagos al Instituto Nacional Electoral (INE) en sus informes financieros de 2022 a 2024. Tampoco se especifica de qué partida salieron los recursos para los apoyos sociales ni el monto total dispersado, aunque MCCI obtuvo facturas y reportes internos que confirman el pago de 3 millones 520 mil 381 pesos en comisiones, correspondientes a tres facturas (A987442, A981690 y A987691). Por cada operación, Finabien cobró una comisión de 12 pesos más IVA.

La auditoría interna de Finabien, realizada en 2025 bajo el número 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005, detectó múltiples irregularidades. El importe cobrado en las facturas no correspondía a las operaciones efectivamente pagadas: de los 252 mil 901 giros contratados, solo se efectuaron 140 mil 878. La comisión correcta debió ser de 1 millón 961 mil pesos, por lo que existió una diferencia a favor de Morena de 1 millón 559 mil pesos, que fue reintegrada. Además, el control archivístico carecía del primer convenio modificatorio y de los oficios de dictamen jurídico; las facturas se timbraron el 28 de junio, pero los pagos a beneficiarios se registraron hasta el 5 de julio sin factura que acreditara el pago de comisiones.

El hallazgo más grave de la auditoría es la omisión total de protocolos para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El documento oficial señala textualmente que “no se llevó a cabo ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. Aunque el 6 de enero de 2023 la gerencia comercial envió una solicitud de análisis del contrato a la Subdirección de Seguridad, y esta respondió el 10 de febrero de 2023 señalando los elementos normativos a considerar, el área fiscalizada no presentó evidencia de haber atendido el exhorto. Tampoco se encontraron acciones para cumplir con normativa antiterrorismo, de la CNBV o de instituciones de tecnología financiera.

Los recursos depositados por Morena a través de Banco Azteca para el pago de los apoyos sociales se depositaron en una cuenta distinta a la establecida en el contrato, y la Gerencia de Operaciones solicitó reintegros bajo el concepto “PROGRAMA PARA CEN MORENA” cuando el servicio era denominado “APOYOS SOCIALES”. En los informes de gastos de campaña de 2024, Morena y su coalición reportaron al INE cerca de 33 mil operaciones financieras, mientras que el contrato con Finabien contemplaba más de 252 mil transacciones. La megaoperación de apoyos sociales no aparece en los reportes electorales, y el ex consejero electoral consultado por MCCI advirtió que este esquema es ilegal y comparable al caso Monex de 2012, cuando se utilizaron tarjetas prepagadas para distribuir dinero en campañas, aunque en aquella ocasión no se anuló la elección por falta de acreditación de compra de voto.

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