El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad, vinculados con su estrategia de seguridad "abrazos, no balazos". El PAN señala que durante su sexenio ocurrieron más de 200,000 homicidios y más de 150,000 desapariciones, y menciona a los gobernadores morenistas Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas) como ejemplos de los vínculos entre Morena y el crimen organizado.
CDMX — El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, informó este 7 de junio que su partido presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad. La denuncia sostiene que la crisis de violencia en México —más de 200,000 homicidios, más de 150,000 desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas y regiones enteras bajo control de los cárteles— no es producto de la casualidad, sino de una "deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano" a través de la estrategia conocida como "abrazos, no balazos". Es la segunda denuncia en menos de un mes que la CPI recibe contra México, después de la presentada por la activista amuzga Marcela de Jesús Natalia contra la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (Morena).
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
En su denuncia, el PAN señala que la política de "abrazos, no balazos" "no solo fortaleció a las organizaciones criminales, también degradó la frontera entre el poder político y el poder criminal". El partido afirma que cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, estos acumulan dinero, armas, territorio e influencia, y que ese poder "tarde o temprano" se infiltra en la política. Como ejemplos de esa infiltración, el PAN menciona a cuatro gobernadores de Morena: Rubén Rocha Moya (Sinaloa) —ya acusado formalmente por el Distrito Sur de Nueva York—, Alfonso Durazo (Sonora) —investigado por EE.UU. y con visa cancelada—, Américo Villarreal (Tamaulipas) —también investigado y con visa cancelada—, y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) —un nuevo nombre en la lista de morenistas señalados por vínculos con el crimen organizado. El PAN no presentó pruebas específicas contra Ramírez Bedolla, pero lo incluyó en su denuncia internacional.
La denuncia del PAN ante la CPI es un reconocimiento implícito de que las instituciones mexicanas no son confiables. "Ya no existen las condiciones para confiar en que estos hechos serán investigados con plena independencia", sostiene el partido, señalando que las fiscalías han perdido autonomía y que el Poder Judicial habría sido "capturado políticamente por Morena". Es la primera vez que un partido político mexicano de oposición acude a la CPI para denunciar a un expresidente de su propio país. La jugada es arriesgada: si la CPI admite la denuncia a trámite, el gobierno de México —encabezado ahora por Claudia Sheinbaum— tendrá que defender la estrategia de seguridad de AMLO ante un tribunal internacional.
El expediente NARCUS ha documentado durante 100 reportajes la captura criminal del Estado mexicano. La denuncia del PAN ante la CPI es una consecuencia lógica de la inacción de las autoridades mexicanas. Durante años, la FGR no investigó a los altos mandos morenistas señalados por sus vínculos con el crimen organizado. La UIF congeló cuentas, pero no presentó denuncias penales. Sheinbaum protegió a Rocha Moya y calificó las extradiciones de "injerencia". El PAN, al acudir a La Haya, está haciendo lo que las instituciones mexicanas no hicieron: poner el caso de la narcopolítica morenista ante un tribunal independiente.
La denuncia ocurre días después de que AMLO publicara una carta cargada de insultos contra Donald Trump, y horas después de que se conociera que el gobernador de Tamaulipas, Villarreal, mostró su visa sin zoom para desmentir al LA Times. El expresidente, que ahora enfrenta una denuncia internacional, no ha respondido a los señalamientos del PAN. Sheinbaum tampoco. El silencio oficial es ensordecedor. La CPI tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia. De hacerlo, AMLO podría ser llamado a declarar. Y los nombres de los gobernadores morenistas —incluyendo el nuevo, Ramírez Bedolla— quedarían registrados en un expediente internacional.
El PAN cerró su mensaje con una frase que resume el espíritu de la denuncia: "Los muertos no llegaron de la nada. Los cárteles no conquistaron territorios solos. La narcopolítica no apareció por generación espontánea. Nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe de estar por encima de la justicia y de la ley". La CPI tiene ahora la palabra. El expediente NARCUS seguirá documentando. La pregunta es si la justicia internacional logrará lo que la justicia mexicana no pudo o no quiso hacer: investigar a los responsables de la captura criminal del Estado mexicano.
Fuente: Declaraciones de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN (7 de junio de 2026). Denuncia del PAN ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Andrés Manuel López Obrador. Cifras: más de 200,000 homicidios y más de 150,000 desapariciones durante el sexenio de AMLO. Menciona a los gobernadores Rocha Moya (Sinaloa), Ramírez Bedolla (Michoacán), Durazo (Sonora) y Villarreal (Tamaulipas). Expediente NARCUS, reportajes 1-100.
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