El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por crímenes de lesa humanidad. El documento, elaborado por el diputado Germán Martínez, describe la "aquiescencia transaccional" del Estado con el crimen organizado: una cesión de facto del monopolio de la violencia a los cárteles, que ha resultado en homicidios, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento y reclutamiento forzoso. Señala a AMLO como el responsable de mayor nivel por su política de "abrazos, no balazos".
CDMX — El Partido Acción Nacional (PAN) hizo público el contenido detallado de la denuncia que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El documento, elaborado por el diputado federal Germán Martínez, es una pieza jurídica de gran envergadura que sustenta los cargos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que tipifica los crímenes de lesa humanidad. La denuncia describe un fenómeno que el PAN califica como "aquiescencia transaccional": una cesión de facto del monopolio del ejercicio de la violencia legítima por parte del Estado mexicano a las organizaciones criminales durante el sexenio de AMLO (2018-2025).
La denuncia se sustenta en dos planos de imputación concurrentes. En el primer plano, las organizaciones criminales —el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y otros grupos asociados— han desarrollado una capacidad operacional, estructura jerárquica y control territorial efectivo que las constituye como "organización" en el sentido del artículo 7 del Estatuto de Roma. En los territorios bajo su dominio, han ejecutado una línea de conducta sistemática que comprende homicidios, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento forzoso y trata, persecución de grupos identificables y otros actos inhumanos. En el segundo plano, las autoridades políticas electas y los servidores públicos del Estado mexicano han incurrido, de manera sistemática y deliberada, en aquiescencia, tolerancia y, en numerosos casos, complicidad activa y pasiva con las organizaciones criminales perpetradoras.
El concepto central de la denuncia es la "aquiescencia transaccional", una política de inacción y, en ciertos casos, de colaboración activa, dirigida intencionalmente a fomentar y tolerar distintas formas de ataque contra la población civil. "Lo que en anteriores periodos pudo haberse significado como corrupción individual de servidores públicos —deserciones del deber institucional— se ha consolidado en el periodo reciente como cesión de facto del monopolio del ejercicio de la violencia legítima a las organizaciones criminales en determinados territorios del país", señala el documento. Esta cesión de soberanía interior es la causa determinante de la consolidación de poderosas entidades paraestatales que cometen los crímenes del artículo 7 con la aquiescencia de instituciones y autoridades políticas nacionales y subnacionales.
La denuncia establece que la CPI no juzga a Estados ni a organizaciones, sino a individuos. Por ello, imputa responsabilidad a personas determinadas: los líderes y mandos de las organizaciones criminales que satisfacen el estándar del artículo 7; las autoridades electas que concurrieron a la formación o implementación del pacto transaccional, particularmente el ex Presidente López Obrador, en su calidad de Jefe de Estado y de Gobierno durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de octubre de 2024; y los servidores públicos con deberes de garante que omitieron deliberadamente prevenir o reprimir los crímenes. "El nivel más alto de responsabilidad por la vía de la aquiescencia transaccional corresponde, en su caso, a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal durante el periodo analizado", sostiene el documento, argumentando que la política pública caracterizada por la fórmula 'abrazos, no balazos', retiró al Estado de su deber de garantizar la seguridad y el orden público.
La denuncia del PAN ante la CPI es un reconocimiento implícito de que las instituciones mexicanas no son confiables para investigar estos crímenes. La denuncia del PAN busca una instancia internacional independiente. La CPI tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia. De hacerlo, AMLO podría ser llamado a declarar. Y los nombres de los gobernadores morenistas —Rocha Moya, Durazo, Villarreal, Ramírez Bedolla— podrían quedar registrados en un expediente internacional.
Fuente: Denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Andrés Manuel López Obrador (junio de 2026). Documento elaborado por el diputado Germán Martínez. Artículo 7 del Estatuto de Roma. Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Expediente NARCUS, reportajes 101, 114, 115, 116.
0 Comentarios