La Fiscalía General de la República recibió una denuncia penal contra el alcalde de Salinas Victoria, Nuevo León, Raúl Cantú, por presuntos actos de extorsión a transportistas que participan en las obras del tren de pasajeros Monterrey-Saltillo-Nuevo Laredo.
SALINAS VICTORIA, NL. — La delegación de la Fiscalía General de la República en Nuevo León dio entrada a una denuncia penal por el presunto delito de extorsión en contra del presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú. La querella fue promovida por Jorge Gloria, secretario general del Sindicato de Transportistas de la CROC, y por la abogada Marlene Díaz Villarreal, quienes aseguran representar a cerca de un centenar de afectados.
De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad federal, los denunciantes atribuyen al alcalde y a funcionarios de su administración una serie de acciones que habrían derivado en cobros indebidos, multas elevadas y detenciones de operadores de transporte de carga que laboran en la construcción del tren de pasajeros Monterrey-Saltillo-Nuevo Laredo, una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el gobierno federal.
La denuncia también involucra al secretario de Seguridad municipal, Arturo Garza Morua, a quien se señala de ordenar la instalación de retenes y puntos de revisión para vehículos de carga. Según los transportistas, estas acciones han derivado en sanciones económicas, envío de unidades a corralones y arrestos de conductores. Los afectados sostienen que, pese a contar con permisos estatales para operar, han enfrentado constantes revisiones por parte de autoridades municipales.
En la exposición de hechos se afirma que algunos operadores y dirigentes sindicales fueron privados de su libertad de manera ilegal hasta cubrir pagos que, según la denuncia, oscilaban entre 40 mil y 80 mil pesos. Asimismo, se señala que desde febrero, cuando iniciaron las obras ferroviarias, al menos 60 de los 120 operadores registrados ante la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) han enfrentado presuntos actos de hostigamiento.
Los denunciantes aseguran que las afectaciones económicas acumuladas superan los dos millones de pesos entre multas, servicios de grúa y resguardo de unidades. Corresponderá ahora a la Fiscalía General de la República determinar el alcance de las acusaciones y las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación iniciada.
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