Fuerzas de seguridad estatales y federales desmantelaron un narcolaboratorio en Tlapacoya, Puebla, asegurando más de una tonelada de droga sintética y precursores químicos valuados en más de 15 millones de pesos. No se reportaron detenidos. La FGR continuará las investigaciones. Es el mismo patrón documentado en Chihuahua y otros estados: se aseguran drogas e instalaciones, pero los responsables quedan libres.
TLAPACOYA, PUEBLA. — Fuerzas de seguridad estatales y federales localizaron y desmantelaron un presunto narcolaboratorio de drogas sintéticas. El aseguramiento fue de gran magnitud: más de una tonelada de droga sintética terminada, además de precursores químicos para seguir produciendo narcóticos. El valor estimado en el mercado ilegal supera los 15 millones de pesos. La zona permanece resguardada en espera de que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las investigaciones. No se reportaron detenidos.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
El patrón se repite. En Chihuahua, la FGR aseguró un narcolaboratorio con 55 mil litros de precursores químicos y 2 mil litros de metanfetamina. No hubo detenidos. En Puebla, más de una tonelada de droga sintética asegurada. Tampoco hay detenidos. Las autoridades mexicanas demuestran capacidad operativa para localizar y desmantelar laboratorios, pero no para capturar a los responsables. Los laboratorios aparecen "vacíos" o los operadores huyen antes de los operativos. La pregunta es si esto se debe a falta de inteligencia, a filtraciones o a una estrategia deliberada de asegurar drogas sin tocar a las personas.
El contraste con el caso Sinaloa es inevitable. En Sinaloa, según el indictment del Distrito Sur de Nueva York, los laboratorios de fentanilo operaban con la protección del gobierno estatal de Rubén Rocha Moya. El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, recibía más de 100,000 dólares mensuales para filtrar información sobre redadas y operativos. En Sinaloa, los laboratorios no eran desmantelados porque el propio gobierno los protegía. En Chihuahua y Puebla, los laboratorios son desmantelados, pero sin detener a los responsables. La diferencia es de grado, no de fondo: en un caso, protección activa; en el otro, inacción selectiva.
La FGR ha sido señalada por su inacción en el caso Sinaloa. En Chihuahua, abrió investigaciones contra la gobernadora panista Maru Campos y el exfiscal César Jáuregui. En Puebla, aún no se sabe si habrá consecuencias. El aseguramiento en Tlapacoya es un golpe a la producción de drogas, pero un golpe incompleto. Sin detenidos, el laboratorio puede ser reconstruido en otro lugar. Sin responsables, la estructura criminal permanece intacta.
Puebla es gobernado por Alejandro Armenta Mier (Morena). Hasta ahora, no ha sido señalado en investigaciones de EE.UU., a diferencia de sus pares correligionarios Rocha Moya, Durazo y Villarreal. El operativo en Tlapacoya demuestra que las fuerzas de seguridad pueden actuar cuando hay voluntad política. La pregunta es por qué esa voluntad no se ha traducido en detenciones. La respuesta, una vez más, apunta a la selectividad de la justicia mexicana: asegurar drogas es más sencillo políticamente que encarcelar a los operadores, que podrían tener vínculos con actores políticos.
Fuente: Operativo conjunto en Tlapacoya, Puebla (15 de junio de 2026). Aseguramiento de más de una tonelada de droga sintética y precursores químicos. Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Caso Chihuahua (narcolaboratorio, reportajes 28, 51). Expediente NARCUS, reportajes 1-107.
0 Comentarios