Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica, vinculada a la notaría del senador Adán Augusto López, obtuvo contratos por 2,314 millones de pesos de la Conagua entre 2019 y 2026. La hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y exmiembros de la Ayudantía de AMLO otorgaron el 80% de los recursos. Una facturera del SAT sigue participando en licitaciones.
CDMX — En diciembre de 2008, el arquitecto Marco Antonio Juárez Altamirano invirtió 245 mil pesos en Jylco Construcciones, una pequeña empresa en Acapulco con la que soñaba ser contratista del gobierno. Nunca lo logró. En febrero de 2022 murió de Covid-19 sin casa propia, mientras su hermano pagaba los medicamentos. Lo que su familia ignoraba es que nueve meses antes de su muerte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había otorgado a su empresa un contrato de 177 millones de pesos para construir el canal principal del río Presidio en Sinaloa. Marco Antonio nunca firmó ese contrato: unos empresarios tabasqueños se habían apoderado de la compañía.
Jylco es apenas una pieza de un entramado mayor. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que diez empresas sin experiencia en obras hidráulicas, que simulan competencia entre sí, recibieron 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El epicentro es Ferroclin U&Q, constituida en 2014 en la notaría 27 de Tabasco, cuyo titular es el senador de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En enero de 2026, el SAT la declaró “facturera” por ausencia de activos, personal e infraestructura, pese a haber recibido contratos por 329 millones de pesos entre 2019 y 2023.
El 80% de los recursos fue adjudicado por un puñado de altos directivos de la Conagua, antiguos miembros de la Ayudantía de AMLO y funcionarios cercanos a la cúpula de la 4T. Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, fue titular de la Gerencia de Recursos Materiales entre octubre de 2020 y mayo de 2021. En ese periodo, su área otorgó 38 de los 42 contratos detectados. Tras su salida, la Gerencia quedó en manos de Ángel Manuel Medel Ríos, exintegrante de la Ayudantía sin experiencia en el sector hídrico. Ambos funcionarios asignaron mil 841 millones de pesos a la red. En junio de 2021, López Obrador designó a Martínez Rodríguez como subdirectora general de Administración de la Conagua, desde donde supervisó los contratos que Medel Ríos seguía otorgando.
El modus operandi es sistemático: empresarios, abogados y contadores tabasqueños se apoderan de pequeñas empresas acapulqueñas sin que sus dueños originales cedan sus acciones. Alejandro Ramos Martínez se convirtió en administrador único de Jylco Construcciones en agosto de 2020. Menos de un año después, la compañía ganó su primer contrato millonario. Ramos Martínez repitió el mecanismo en Constructora e Inmobiliaria Clapa, que obtuvo 333 millones de pesos en 2024 para obras en la zona de riego del pueblo Yaqui en Sonora. Siete de las diez empresas designaron a los mismos tres gerentes administrativos —Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos— ante los mismos notarios públicos, con apenas días de diferencia.
La red sigue operando pese a las declaratorias del SAT. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva de empresas factureras, Ferroclin U&Q participó en una licitación de la Conagua para construir un bordo en el río Suchiate, Chiapas, en propuesta conjunta con Estudios y Diseños Constructivos, la misma empresa con la que simuló competir en 2022 por la presa Siqueros. El accionista mayoritario de Ferroclin, Diego Armando Naranjo Álvarez, presumía en LinkedIn obras realizadas por otras compañías de la red. Tras ser contactado por MCCI, borró las publicaciones. Un representante de Ferroclin, que se negó a identificarse, aseguró que la empresa busca desvirtuar la clasificación del SAT. Sin embargo, el número telefónico de Ferroclin también ha sido usado por Constructora Campos Rocha —otra empresa de la red— para solicitar operadores de maquinaria en el Tren Maya.
La constelación de diez compañías parece conducir a Gamaliel Martínez Bocanegra, empresario originario de Palenque, Chiapas, que inyectó 32 millones de pesos a Grupo Costamarq y tiene como socio a Ismael Rodríguez García, uno de los tres gerentes administrativos de la red. Mientras tanto, la familia de Marco Antonio Juárez Altamirano sigue sin saber cómo la empresa de su hermano, que nunca tuvo casa, se convirtió en contratista millonaria del gobierno. “Él le vendió la empresa a unos tabasqueños antes del COVID… si no tienes padrino es difícil conseguir contratos”, dijo un hombre en el domicilio registrado de Jylco Construcciones, donde hoy no hay rastro de la compañía.
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