El dirigente del PAN en Puebla, Mario Riestra, declaró que Acatlán de Osorio es un "gobierno fallido" y exigió al Congreso del Estado acelerar la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas. Riestra recordó que en otros casos con menos elementos se disolvieron cabildos. Mientras tanto, Bárcenas se atrinchera en la presunción de inocencia y el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, la blinda desde el gobierno estatal. El ring está listo y los contrincantes ya soltaron los primeros golpes.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El caso de Acatlán de Osorio ya no cabe en los límites municipales. La disputa por la permanencia de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas saltó al ring estatal con la declaración del dirigente del PAN Puebla, Mario Riestra, quien calificó al gobierno de Acatlán como "fallido" y exigió al Congreso del Estado que acelere el análisis de la solicitud de revocación de mandato. No fue un comentario al aire: Riestra comparó el caso de Bárcenas con otros municipios donde, aseguró, con menos elementos se disolvieron cabildos y se nombraron concejos municipales. La indirecta es clara: el Congreso está frenando lo que en otros lugares resolvió con rapidez.
El diagnóstico de Riestra es demoledor, pero no es gratuito. La administración de Bárcenas enfrenta señalamientos de nepotismo, una movilización ciudadana que reunió a 1,800 personas pidiendo su cabeza, un Cabildo que ya solicitó su remoción formal al Congreso, y una Auditoría Superior del Estado que ya inició investigaciones. Si eso no es un gobierno fallido, que el panista explique qué más necesita. El expediente acumula elementos suficientes para que cualquier autoridad responsable al menos considere la posibilidad de una intervención. Pero en Acatlán, la autoridad estatal ha optado por el silencio y la protección.
Porque mientras Riestra alza la voz, el secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, ya se encargó de dejar las cosas claras: Bárcenas se queda mientras dure la auditoría. El argumento —"¿a quién van a auditar si no está?"— es una trampa perfecta que convierte la fiscalización en un escudo político. Y Bárcenas, fiel a su manual de blindaje, emitió un comunicado donde se envuelve en la presunción de inocencia y promete "transparencia" mientras se aferra al escritorio. El círculo está cerrado: la alcaldesa no se mueve, el secretario la sostiene y el Congreso mira para otro lado.
La declaración de Riestra, sin embargo, introduce un elemento incómodo que el gobierno estatal no podrá ignorar por mucho tiempo. El panista ha puesto sobre la mesa una pregunta: ¿por qué en Acatlán no se aplican los mismos criterios que en otros municipios donde el Congreso actuó con celeridad? La respuesta, aunque no la dé, apunta a una doble vara de medir. Y esa doble vara, en política, suele llamarse favoritismo o, en su versión más cruda, impunidad.
El escenario está listo para una confrontación de alto voltaje. Por un lado, Bárcenas y Aguilar Pala, armados con la legalidad formal y el control de la narrativa institucional. Por el otro, el PAN encabezado por Riestra, que usa el precedente de otros municipios para presionar al Congreso y desgastar a la alcaldesa. En medio, un municipio de 30,000 habitantes que ve cómo su nombre se convierte en sinónimo de crisis política mientras las calles esperan respuestas que los comunicados oficiales no pueden dar.
El Congreso del Estado tiene ahora la palabra. Si actúa con la misma rapidez que en otros casos, Bárcenas podría enfrentar un proceso de revocación que la saque del cargo. Si decide esperar, el mensaje será aún más claro: el blindaje funciona y la doble vara es la norma. Mientras tanto, Acatlán de Osorio sigue siendo un laboratorio de impunidad donde el gobierno estatal y la oposición se miden en un ring que tiene como árbitro a un Congreso que, hasta ahora, prefiere no silbar.


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