El escándalo llegó y, después de otros más, era inevitable. El 28 de enero de 2026, Michelle Talavera tuvo una jornada productiva. Firmó dos contratos. El primero, por 307 mil 400 pesos, se lo otorgó a su pareja sentimental, el influencer Adolfo Lazzari Espinosa, un creador de contenido con 77 seguidores en redes sociales. El segundo, por 208 mil 800 pesos, se lo adjudicó mediante una invitación simulada a Alan Abraham Bermúdez López, un hombre del que nadie en el sector sabe nada, pero que según exfuncionarios del organismo fue utilizado como pantalla para que el dinero regresara en efectivo, una práctica muy común en el manejo de recursos públicos. En total, Convenciones y Parques del Estado de Puebla desembolsó 516 mil 200 pesos del erario estatal en una sola jornada de despacho, bajo la firma de la hija de Carlos Talavera Pérez —el mismo que meses después organizaría un evento con renta condonada y donativos no entregados en el Centro Expositor.
El contrato a Lazzari, identificado como CP-PS-26-ENE-03, fue adjudicado de manera directa al amparo del artículo 107 de la Ley de Adquisiciones de Puebla. El objeto: videos promocionales de los inmuebles del organismo. Seis videos que, según quienes los han visto, tienen una calidad apenas superior a la de un ensayo de secundaria. Lazzari cobró 51 mil pesos por cada uno, cuando su tarifa real en el mercado, la que cobra cuando no hay un contrato público de por medio, es de 10 mil 997 pesos, o menos. El sobrecosto es obsceno: 40 mil pesos por pieza, 240 mil en total. Pero lo que vuelve grotesco el asunto es que Lazzari tiene 77 seguidores. Setenta y siete. El gobierno de Alejandro Armenta Mier pagó 300 mil pesos a un hombre que no influye ni en su propia familia.
El segundo contrato, el CP-PS-26-ENE-02, fue disfrazado bajo el concepto de "pautaje digital" y adjudicado mediante una invitación a tres personas que, según el propio personal del organismo, nunca existieron como competidores reales. Alan Bermúdez López, el contratista formal, no tiene trayectoria en el sector ni presencia pública. Exfuncionarios de Convenciones y Parques del Estado de Puebla revelaron que ese contrato fue una pantalla: una simulación para que el dinero, una vez pagado, regresara en efectivo. La mecánica es vieja y conocida, pero la crudeza con la que se ejecutó en esta ocasión —dos contratos el mismo día, ambos firmados por la misma mano, uno para el novio, otro para su testaferro— habla de una impunidad tan absoluta que ni siquiera se tomó la molestia de disimular.
Lazzari, entrevistado por la periodista Viridiana Lozano, argumentó que el contrato no era para él sino para una decena de influencers bajo su coordinación. No hay evidencia de que esos influencers existan. En el contrato no se mencionan nombres ni perfiles. Tampoco hay métricas de alcance, no hay entregables verificables. La cláusula del contrato exige un "reporte mensual" con capturas de pantalla y número de interacciones, pero no hay forma de saber si eso se cumplió, porque el propio organismo no ha informado nada. Lazzari negó el conflicto de interés diciendo que al momento de la firma ya no era pareja de Talavera. Pero los videos no mienten: en el Palenque de Puebla, ambos se besaban mientras el erario ya se preparaba para financiar su relación.
El gobernador Armenta tiene en su gabinete a un secretario Anticorrupción, Alejandro Espidio Reyes, que ha visto pasar este escándalo sin mover un dedo. Talavera no es una funcionaria menor; es la directora de Convenciones y Parques del Estado de Puebla, un organismo con presupuesto propio, con capacidad de firmar contratos y de decidir sobre el dinero público. Y ha usado ese poder para beneficiar a su pareja sentimental, para simular contratos a testaferros, para condonar rentas a su padre, para permitir que su familia haga negocios al amparo del Estado mientras los poblanos pagan y los servicios públicos se desmoronan. Armenta no puede alegar ignorancia; el caso está documentado, los contratos son públicos, los testigos existen. Si no hay consecuencias, será porque ha decidido no ver.
La operación para salvar a Michelle Talavera ha comenzado. ¿Estará incluída en el listado de candidatos a diputados locales por Morena? Ya se verá. En el plano de la movilización electoral tiene a un excelente operador: su padre, Carlos Talavera; el mismo que sirvió a Alejandro Armenta en innumerables operaciones en la campaña que lo llevó al gobierno del Estado y antes también.
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