Tres periodistas fueron detenidos en San Luis Potosí por reenviar videos hechos con IA sobre el gobernador Ricardo Gallardo. Dos fueron liberadas bajo medidas cautelares; Christian Herrera sigue preso. Artículo 19 denuncia “incremento exponencial de acoso judicial” y “poderes judiciales capturados por el poder político”. La reforma legal fue impulsada por un operador del gobernador.
SLP — El 21 de mayo de 2026, San Luis Potosí se convirtió en un aviso para todo el gremio periodístico de México. Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el creador de contenido Christian Herrera, responsable del portal de inseguridad “Código Rojo”, fueron detenidos por un delito que hasta hace unos meses no existía: uso indebido de inteligencia artificial. Su crimen, según la Fiscalía estatal, no fue crear los contenidos. Fue reenviarlos. Un video de IA sobre el presunto vínculo del gobernador pevemista Ricardo Gallardo con una organización criminal. Una foto de la senadora Ruth González, esposa de Gallardo, apareciendo junto a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia acusado por narcotráfico desde una corte de Nueva York. Por eso, las periodistas estuvieron tres semanas en prisión preventiva.
La noche del viernes 5 de junio, un juez de Control les otorgó la libertad a Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo. Pero no fue una liberación plena. La prisión preventiva justificada quedó suspendida, pero las medidas cautelares incluyen firma periódica mensual durante un año, abstenerse de “conductas delictivas” y el pago de una reparación del daño a la víctima —que no fue identificada por la Fiscalía en su comunicado. Christian Herrera, en cambio, sigue detenido. Su acusación es más grave: “difusión dolosa de desinformación e instrumentalización de la Inteligencia Artificial para provocar temor social”. Es decir, publicar información sobre inseguridad en San Luis Potosí es ahora, para la Fiscalía estatal, un delito.
El caso no es un exceso aislado de un gobierno local. Es el resultado de una reforma legal diseñada a la medida. En noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó —con absoluto sigilo mediático— una reforma al Código Penal que creó el tipo penal de “uso indebido de IA”. El impulsor fue el diputado local del Partido Verde, Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno en la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera y actual operador político del gobernador Gallardo. La herramienta legal se construyó para perseguir a quienes critican al poder. La detención de los periodistas fue su estreno.
Leopoldo Maldonado, director Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, fue contundente: “Estas detenciones dan cuenta de un clima de incremento exponencial de acoso judicial en México. Estamos viendo cada vez más casos de criminalización de periodistas en Puebla, en Campeche, en Veracruz, ahora San Luis Potosí, en donde se usa a las fiscalías para investigar y perseguir voces críticas”. Su diagnóstico sobre el sistema de justicia es aún más alarmante: “Desafortunadamente, con poderes judiciales capturados por el poder político, pues es poco probable que tengan un juicio justo”. La liberación de las dos periodistas, con medidas cautelares, no contradice ese diagnóstico. Más bien lo confirma: el juez frenó el exceso, pero la Fiscalía sigue teniendo la herramienta legal para volver a usarla.
El caso de San Luis Potosí no es solo un ataque a la libertad de expresión. Es un ensayo general de lo que puede ocurrir en otros estados si la federación no interviene. La presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hecho de la defensa de la soberanía su bandera frente a las acusaciones de Estados Unidos, no ha dicho una palabra sobre la persecución de periodistas en SLP. Tampoco sobre la reforma legal que permitió las detenciones. Su silencio es una forma de tolerancia. Y esa tolerancia, para los periodistas del país, es una sentencia. Porque si en San Luis Potosí es delito reenviar un video de IA que critique al gobernador, ¿qué impide que en Guerrero, Veracruz o el Estado de México se aplique la misma receta?
La foto que publicaron las periodistas —la senadora Ruth González junto a Rubén Rocha Moya— es el eslabón que conecta este caso con el expediente nacional. Rocha Moya está acusado por narcotráfico por el Distrito Sur de Nueva York. Su foto con la esposa del gobernador de San Luis Potosí no es un dato menor: es una pregunta sobre vínculos. El gobierno de Gallardo no quiso responder la pregunta. Prefirió perseguir a quienes la hicieron pública. La reforma de IA fue su herramienta. Las fiscalías capturadas, su método. Y el silencio de Palacio Nacional, su impunidad. Christian Herrera sigue preso. Otros 10 periodistas tienen órdenes de aprehensión. San Luis Potosí es, hoy, el laboratorio de lo que puede venir para el resto del país.
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