Mientras la SSP registró 552 extorsiones consumadas en cinco meses vía 089, la FGE apenas abrió 311 carpetas en 16 meses. Por cada caso que la Fiscalía investiga, al menos 5.7 se quedan en el camino. El subregistro no es un error estadístico: es la radiografía de la procuración de justicia que no alcanza a las víctimas.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — En Puebla, los delitos no se investigan. Se subregistran. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reveló que entre enero y mayo de 2026 se reportaron 552 casos consumados de extorsión a través de la línea anónima 089. En el mismo periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) —la institución encargada de investigar y castigar— abrió apenas 39 carpetas por mes en promedio. La diferencia no es marginal: es estructural. Por cada extorsión que la FGE investiga, existen al menos 5.7 casos consumados reportados por las víctimas que nunca llegan a proceso. La extorsión es sólo un ejemplo. El problema es el subregistro masivo de todos los delitos en Puebla.
Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ya anticipaban el fenómeno. Entre enero de 2025 y abril de 2026, la FGE registró 311 carpetas por extorsión en 16 meses. Pero la SSP, sólo a través de una de sus líneas de denuncia anónima, capturó 552 casos consumados en cinco meses. La proyección anual superaría los 1,300 casos. La Fiscalía, al ritmo actual, investigaría uno de cada cuatro. El resto —cobros de piso, secuestros virtuales, amenazas— simplemente desaparece de las estadísticas oficiales. No porque no existan, sino porque el sistema está diseñado para no verlos.
El subregistro no es un error técnico ni una falla menor en la captura de datos. Es la consecuencia directa de un modelo de procuración de justicia que exige a la víctima exponerse para ser creída. La línea 089 permite el anonimato, por eso capta una radiografía más fiel del fenómeno delictivo. Pero el anonimato no genera carpetas de investigación. Para que la FGE actúe, la víctima debe ratificar su denuncia ante el Ministerio Público, identificarse, declarar bajo protesta, enfrentarse al aparato burocrático y, sobre todo, asumir el riesgo de represalias por parte de las bandas de extorsionadores. La mayoría prefiere callar. La Fiscalía lo sabe y no hace nada por cambiarlo.
El cobro de piso afecta a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios en al menos 80 municipios de Puebla. Las pérdidas económicas documentadas en cinco meses suman 748 mil 461 pesos, una cifra que seguramente se multiplica por diez si se consideran los casos no reportados ni siquiera a la línea 089. El gobierno de Alejandro Armenta Mier no ha presentado una estrategia para incentivar la denuncia formal, ni ha implementado mecanismos de protección para víctimas de extorsión. El resultado es un ciclo perverso: más delitos, menos denuncias, menos carpetas, más impunidad.
La extorsión es apenas la muestra. El mismo fenómeno de subregistro probablemente afecta a todos los delitos de alto impacto en Puebla: homicidios, desapariciones, violencia familiar, robo de vehículos. Si la FGE sólo investiga una de cada seis extorsiones reportadas anónimamente, ¿qué proporción de los feminicidios, las desapariciones o los secuestros reales termina en una carpeta de investigación? Los datos no mienten: Puebla no tiene sólo una crisis de seguridad. Tiene una crisis de procuración de justicia. Y mientras las autoridades sigan contando sólo lo que conviene contar, las víctimas seguirán siendo invisibles para las estadísticas oficiales.
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