El abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Jeffrey Lichtman, anunció que entregará a autoridades de Estados Unidos una lista con 32 funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El anuncio ocurre mientras EE.UU. intensifica su presión sobre México a través de sanciones del Tesoro, declaraciones de Trump en el G7, y la confirmación de que más de una decena de políticos mexicanos negocian con Washington. La cuenta está por pagarse.

CDMX — El abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, conocido por representar a Joaquín "El Chapo" Guzmán y a algunos de sus hijos, lanzó una nueva bomba en el ya tenso escenario de la narcopolítica mexicana. Lichtman aseguró que entregará a las autoridades de Estados Unidos una lista con los nombres de 32 funcionarios mexicanos que, según afirmó, tendrían presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico. No se han hecho públicos los nombres ni se han presentado pruebas, pero el anuncio ocurre en medio de la ofensiva más agresiva de Washington contra la narcopolítica mexicana desde la acusación del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —

El anuncio de Lichtman se suma a una serie de acciones coordinadas de Estados Unidos que, en conjunto, configuran un cerco integral sobre el gobierno mexicano. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC y FinCEN, sancionó a 11 personas y entidades vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por esquemas de contrabando de combustible (huachicol). El comunicado del Tesoro fue explícito: los cárteles utilizan las ganancias ilícitas para "realizar pagos en efectivo a campañas políticas" y "ayudar a elegir políticos corruptos" dispuestos a colaborar con ellos para controlar puestos administrativos clave en el gobierno. El embajador Ronald Johnson advirtió que "quienes se benefician con este tráfico rendirán cuentas".

En el ámbito diplomático, el presidente Donald Trump declaró en la cumbre del G7 en Francia que "México ha perdido el control de su país", que "los cárteles dirigen México" y que la presidenta Claudia Sheinbaum "es una mujer muy buena, pero está muy asustada". El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. afirmó que "no hay una sola pulgada en la frontera norte de México que no esté controlada por los grandes grupos criminales". Estas declaraciones no son episodios aislados. Construyen una narrativa internacional que justifica la presión de Washington y, potencialmente, acciones unilaterales.

En paralelo, el The New York Times publicó que más de una decena de políticos mexicanos —incluyendo gobernadores y legisladores— han entablado contacto con agencias estadounidenses para negociar y ofrecer información comprometedora sobre otros integrantes de su propio partido. La lista incluye gobernadores de San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Nayarit y Michoacán, así como senadores de Morena y el dirigente del PVEM. La información confirma que el cerco de Washington se está cerrando desde dentro del propio sistema político mexicano. Los informantes están ofreciendo información sobre huachicol, narcotráfico y financiamiento de campañas a cambio de inmunidad o trato preferencial.

El anuncio de Lichtman, se inserta en este contexto. Si la lista de 32 funcionarios existe y es entregada a las autoridades estadounidenses, podría significar una expansión significativa de las investigaciones sobre narcopolítica en México. Lichtman, como abogado de "El Chapo", podría tener acceso a información que el capo proporcionó durante años de litigio. La lista podría incluir nombres de funcionarios no mencionados hasta ahora, o podría complementar la información que ya está surgiendo de los informantes morenistas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido a la presión de EE.UU. con un discurso soberanista, exigiendo "pruebas, pruebas y más pruebas". Pero EE.UU. ya tiene las pruebas y las está utilizando. Las sanciones del Tesoro, las declaraciones de Trump, las filtraciones del NYT y el anuncio de Lichtman son parte de un mismo movimiento. El reloj no se detiene. La cuenta, como han señalado las fuentes, está por pagarse. México enfrenta un costo político y económico por la narcopolítica morenista. Sheinbaum puede continuar con sus cortinas de humo y sus ejércitos de bots, pero la realidad es que Washington ha decidido actuar. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo y para quiénes.

Fuente: Declaraciones de Jeffrey Lichtman, abogado de "El Chapo" Guzmán (Infobae, 4 de julio de 2026). Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. contra el CJNG por huachicol (30 de junio de 2026). Declaraciones de Donald Trump en el G7 (17 de junio de 2026). Publicación del The New York Times sobre informantes morenistas (junio de 2026). Acusación sustitutiva T9 23 Cr. 180 (KPF). Expediente NARCUS, reportajes 128, 129, 130, 131.
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