Los nuevos aranceles de Estados Unidos, de entre 10% y 12.5%, provocaron el rechazo de China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Los gobiernos cuestionan las acusaciones sobre trabajo forzado y advierten efectos para el comercio global.
CDMX — La nueva ofensiva comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente de tensión con algunos de sus principales socios económicos. La administración estadounidense puso en vigor aranceles de entre 10% y 12.5% para productos procedentes de 60 economías, al argumentar que esos países no aplican de manera adecuada medidas para impedir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzado. La decisión entró en vigor al expirar los gravámenes provisionales establecidos previamente por la Casa Blanca.
Las primeras reacciones llegaron desde Australia, cuyo ministro de Comercio, Don Farrell, calificó la medida como "completamente injustificada". El funcionario rechazó las acusaciones relacionadas con esclavitud moderna y sostuvo que su país mantiene una política estricta en esa materia. También anunció que continuará las gestiones ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para lograr la eliminación de los nuevos gravámenes. En la misma línea, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, afirmó que los aranceles resultan perjudiciales para el comercio y carecen de sustento.
Desde Europa, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, cuestionó los argumentos de Washington al señalar que la legislación laboral europea ofrece mayores garantías para los trabajadores que la estadounidense. Por su parte, Japón lamentó la imposición de un arancel de 12.5%, al considerar que su marco regulatorio cumple con las normas internacionales. El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, expresó que la decisión contradice los entendimientos alcanzados previamente entre ambos gobiernos.
China también rechazó la medida. El portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, declaró que su país "se opone a todas las formas de aranceles unilaterales" y advirtió que las disputas comerciales no benefician a ninguna de las partes. Aunque algunos exportadores chinos consideran que el impacto será menor debido a que los nuevos gravámenes son inferiores a los aplicados el año anterior, reconocieron que las ventas hacia el mercado estadounidense continúan perdiendo participación frente a otros destinos, particularmente Europa.
En Estados Unidos, la decisión también enfrenta cuestionamientos legales y políticos. El Liberty Justice Center promovió una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para impugnar los nuevos impuestos a las importaciones, mientras legisladores del Partido Demócrata criticaron la estrategia comercial al considerar que elevará los costos para empresas y consumidores. Analistas prevén que la política arancelaria continúe durante los próximos meses, en un entorno de creciente incertidumbre para el comercio internacional.
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