El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que la Fiscalía General del Estado ya abrió carpetas de investigación contra quienes obstruyen la construcción del Parque de Economía Circular en San José Chiapa. La declaración es es el registro de una escalada que comenzó en marzo, cuando Armenta advirtió que "oponerse por oponerse es un delito".
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El movimiento de ciudadanos que durante cinco meses ha movilizado a siete municipios, ha realizado asambleas, foros sin presencia gubernamental y una protesta ante la presidenta Sheinbaum, ahora enfrenta el aparato judicial del estado. El gobierno dice que dialoga; la Fiscalía dice que investiga. En el mismo acto, Armenta mencionó a Atempan, Hueytamalco, Xiutetelco y Ayotoxco como posibles nuevos polos. La amenaza ya no es retórica: es una carpeta.
Alejandro Armenta cruzó una línea que había dibujado en el discurso meses antes. En su conferencia de prensa, el gobernador de Puebla reveló que la Fiscalía General del Estado ya tiene carpetas de investigación contra personas que obstruyen la construcción del Parque de Economía Circular en San José Chiapa. Lo anunció con la misma naturalidad con que se anuncia una obra pública: "Hay autoridad, somos conciliadores, dialogamos... pero hay carpetas de investigación que la Fiscalía está haciendo por la obstrucción". La frase, cuidadosamente construida, es la culminación de una escalada que el propio Armenta inició en marzo, cuando advirtió a los vecinos que "oponerse por oponerse ya es obstrucción a la autoridad y es un delito". Lo que entonces era una amenaza, hoy es un expediente.
El movimiento ciudadano de San José Chiapa no es nuevo. Desde marzo, vecinos de al menos tres municipios —San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan de la Granja— se han organizado para exigir una consulta previa y transparencia sobre el proyecto. Han realizado asambleas, han entregado documentos formales, han convocado a foros sin representación gubernamental y han llevado su protesta hasta la presidenta de la República. El gobierno no ha entregado los estudios de impacto ambiental, no ha aclarado el incendio del relleno sanitario ocurrido en febrero y ha cancelado reuniones. Pero para Armenta, la oposición no es una demanda legítima: es un delito. "Si se oponen es porque tienen un método de trabajo mejor", dijo en marzo, ofreciendo llevar "un par de camiones de basura al patio" de quienes no estén de acuerdo.
El anuncio de las carpetas de investigación no es un acto aislado. Es el primer uso documentado del aparato judicial del estado contra un movimiento de ciudadanos en el gobierno de Armenta. El patrón se conoce: primero la amenaza retórica, luego la acción judicial, después la defensa de los derechos humanos como escudo. El propio gobernador lo reconoció: "siempre seremos respetuosos de los derechos humanos", dijo, mientras anunciaba que la FGE ya investiga a quienes se oponen. La contradicción es tan evidente como funcional: el gobierno criminaliza la protesta pacífica y la llama obstrucción. Los artículos 6 y 9 de la Constitución protegen la libre manifestación y el derecho de reunión; la obstrucción a la autoridad requiere actos materiales que impidan el ejercicio de funciones públicas, no la protesta ciudadana organizada. Pero la ley, en estos casos, se interpreta según quien la invoca.
Armenta también reveló que municipios de la Sierra Norte —Atempan, Hueytamalco, Xiutetelco y Ayotoxco— han solicitado polos similares para no tener que llevar su basura a Veracruz. El gobernador dijo que sí podría concretarse, siempre que se hable primero con la comunidad. La frase encierra una ironía que no necesita subrayado: en San José Chiapa, el gobierno habló con la comunidad, pero también abrió carpetas. En los nuevos municipios, promete diálogo. El criterio parece depender de la resistencia que el gobierno encuentre en el territorio.
El movimiento de San José Chiapa ha demostrado que puede movilizar a siete municipios durante cinco meses sin violencia, sin bloqueos, sin incendios. Ha hecho asambleas, ha firmado documentos, ha pedido audiencias. El gobierno ha respondido con carpetas en la FGE. La pregunta es si el movimiento resistirá la criminalización, o si las carpetas lograrán lo que los argumentos no pudieron: silenciar a quienes piden ser escuchados antes de que su territorio se convierta en lo que temen: el patio de la basura de millones.
Fuentes: Conferencia de prensa de Alejandro Armenta Mier, 27 de julio de 2026. Región Global documenta el movimiento de San José Chiapa desde marzo de 2026 con asambleas, manifestaciones, foros y protestas.
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