Un operativo coordinado entre Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y Ejército Mexicano retiró 10 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en Tehuacán. Los dispositivos, localizados en zonas vulnerables, no tenían autorización oficial y podrían ser utilizados por grupos generadores de violencia para vigilar el territorio. El alcalde Alejandro Barroso, que hace semanas presumía bodycams y patrullas, ahora enfrenta la evidencia de que el crimen ya le llevaba ventaja en el uso de la tecnología. Las cámaras fueron retiradas, pero la pregunta incómoda persiste: ¿quién las puso y por qué el gobierno municipal no lo supo antes?
TEHUACÁN, PUEBLA. — Tehuacán fue escenario de un operativo que expuso lo que el alcalde Alejandro Barroso preferiría mantener oculto: el crimen organizado ya instaló su propia red de vigilancia en el municipio. Diez cámaras parásitas, colocadas sin autorización en zonas consideradas vulnerables, fueron retiradas por un despliegue que incluyó a la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal. La justificación oficial es que los dispositivos podían ser utilizados por grupos delictivos para labores de inteligencia y monitoreo. Pero el hecho de que hayan sido instaladas y hayan operado durante quién sabe cuánto tiempo sin que las autoridades locales las detectaran es una confesión involuntaria: el gobierno municipal no controla ni su propia ciudad.
El operativo se presenta como un éxito de la coordinación intergubernamental. Pero un éxito, en este contexto, es también un fracaso. Porque si el gobierno municipal hubiera hecho su trabajo, las cámaras irregulares no habrían llegado al punto de requerir un despliegue militar para ser retiradas. La presencia de SEMAR y el Ejército en las calles de Tehuacán indica que el problema no era menor, que las autoridades federales consideraron que el riesgo justificaba la movilización de fuerzas armadas. Y mientras los soldados retiraban los dispositivos, los ciudadanos se preguntaban quién los puso y con qué propósito.
El alcalde Barroso ha construido su narrativa de seguridad en torno a la tecnología: bodycams, patrullas, cámaras oficiales. Pero la tecnología, como las armas, puede ser usada por ambos bandos. Las cámaras parásitas son la prueba de que el crimen organizado no solo está presente en Tehuacán, sino que ha desarrollado una infraestructura de vigilancia paralela a la del Estado. Los grupos delictivos saben que el gobierno municipal no tiene la capacidad de monitorear todo el territorio, y lo aprovechan. El operativo de este fin de semana retiró 10 dispositivos, pero ¿cuántos quedan? ¿Cuántos no han sido detectados?
La acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno es, en sí misma, un reconocimiento de que el problema rebasa las capacidades del municipio. Barroso puede presumir que su administración participó en el operativo, pero la realidad es que el gobierno municipal fue un convidado de piedra en una operación que lideraron las fuerzas federales. La soberanía municipal, en materia de seguridad, quedó en evidencia una vez más.
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