El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido en Ensenada y trasladado a la Ciudad de México por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. La investigación se originó en el decomiso de 15 millones de litros de combustible en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025, contenidos en 129 carrotanques de la empresa Ingemar SA de CV, fundada por Ruffo. La FGR lo imputa por delincuencia organizada y contrabando.
El operativo que desencadenó la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel no fue un hecho reciente, sino el resultado de una investigación que arrancó hace más de un año, cuando las autoridades federales y estatales ejecutaron el decomiso más voluminoso de combustible ilegal en la historia de Coahuila. El 7 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aseguró más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo que se encontraban almacenados en 129 carrotanques en la Región Sureste de la entidad. El combustible, según las investigaciones, pertenecía a Ingemar SA de CV, empresa cuyo principal accionista y fundador es Ruffo Appel.
La detención del exmandatario, cumplimentada este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos de la SSPC, representa el desenlace de una indagatoria que la Fiscalía General de la República calificó como de "alta complejidad". Ruffo Appel fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la zona Río de Tijuana y posteriormente llevado a la Ciudad de México, donde quedará a disposición de un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Antes de abordar el vehículo oficial que lo conduciría a la capital, el exgobernador se despidió de sus empleados con una frase que resonó en las primeras crónicas de su detención: "No me olviden".
La empresa Ingemar SA de CV se ha convertido en el eje corporativo de una red que, según la FGR, operaba mediante la importación de hidrocarburos con declaraciones falsas o incompletas, evadiendo el pago de impuestos y utilizando la infraestructura ferroviaria para distribuir el combustible en el norte del país. El aseguramiento de los 129 carrotanques en Coahuila no fue un hecho aislado: formaba parte de una investigación más amplia que ya ha derivado en 25 órdenes de aprehensión y un daño al erario estimado en más de 4 mil millones de pesos. La red utilizaba las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa para introducir combustible proveniente de refinerías en Texas, y lo distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
El perfil de Ernesto Ruffo Appel: Fue el primer gobernador de oposición en México, al ganar la elección de Baja California en 1989 bajo las siglas del Partido Acción Nacional, rompiendo con décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en los gobiernos estatales. También fue alcalde de Ensenada, diputado federal y senador. Su detención, en el marco de la ofensiva federal contra el huachicol fiscal, coloca a un político de la transición democrática mexicana en el banquillo de los acusados por un delito que, hasta hace unos años, se asociaba principalmente con la ordeña de ductos en zonas rurales.
El Partido Acción Nacional emitió un comunicado en el que manifestó su confianza en que Ruffo Appel aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes. El partido reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano. La postura del PAN, que evita un respaldo incondicional pero tampoco condena anticipadamente, refleja la tensión política que genera la detención de uno de sus figuras históricas en un contexto de confrontación entre el gobierno federal y la oposición.
El caso de Ruffo Appel no es un episodio aislado dentro del expediente nacional del huachicol fiscal. Se suma a las investigaciones que ya han implicado a militares en la Aduana de Matamoros, a marinos vinculados al Vicealmirante Farías Laguna, y a la red de triangulación que convirtió a Nuevo León en el centro logístico del combustible ilegal en el norte del país. Todos estos casos comparten un patrón: la utilización de aduanas fronterizas, la complicidad de servidores públicos, la simulación de importaciones legales y la distribución a través de redes que mezclan infraestructura formal con operaciones ilegales. El desmantelamiento de Ingemar y la detención de Ruffo Appel representan un golpe significativo a esta economía paralela, aunque la pregunta sobre quiénes ocuparán los espacios que deja vacíos sigue abierta.
La FGR ha informado que las investigaciones continúan y que se trabaja para cumplimentar el resto de los mandamientos judiciales relacionados con esta red. La detención del exgobernador, mientras tanto, se ha convertido en el símbolo más visible de una ofensiva que busca desmantelar las estructuras de poder que han permitido el crecimiento del huachicol fiscal en México. Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición, enfrenta ahora un proceso judicial que podría definirlo no solo como un actor político de la transición, sino como un eslabón de una cadena criminal que evadió al fisco por miles de millones de pesos.
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